Durante los cuatro años de mandato de Mauricio Macri, la Nación no giró a Entre Ríos pagos para atender por completo las erogaciones que genera la atención a los presos condenados o procesados por la Justicia Federal que se alojan en cárceles entrerrianas.
Esto provocó que la deuda acumulada entre 2015 y la primera mitad del 2019 trepara a $ 229.013.850. En septiembre pasado, el Ministerio de Justicia que conducía Germán Garavano hizo una transferencia parcial por $ 11.547.000 para cancelar parcialmente la deuda de 2015, que redujo el compromiso a $ 217.466.850.
Entre abril y junio del 2019 (último dato disponible) el costo trimestral de sostener a los detenidos por orden de la Justicia Federal en las Unidades Penitenciarias de Entre Ríos llegó a $ 19,4 millones de pesos. En el trimestre enero – marzo de 2015 el monto necesario para atender esta erogación era sensiblemente menor: $ 5,9 millones.
A fines del mes de septiembre, el Gobernador Bordet y la Ministra Romero se reunieron con la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo y pusieron sobre la mesa esta situación.
La Ministra nacional”recibió el pedido y se comprometió a trabajar con nosotros una alternativa de solución”, dijo en ese momento Romero. El órgano que atiende estos gastos es la Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial de la cartera que conduce Losardo.
El impacto que provoca esta deuda nacional en las arcas provinciales es importante. Los $ 227 millones adeudados equivalen, por caso, casi a un mes y medio de la recaudación del impuesto a los sellos que realiza la ATER.
