Consultado al respecto,el mandatario fue tajante: “Le voy a contestar como docente al frente del aula que he sido durante 14 años. No comparto en absoluto la medida. Nadie me hizo conocer antes de publicarla. Le he dado expresas instrucciones al presidente del CGE (Consejo de Educación) para que anule esta medida y remueva a los funcionarios responsables de haberla implementado”.
Y enseguida, al ser interrogado por este medio sobre los argumentos de la determinación, enfatizó: “No estoy de acuerdo y entendemos que hay que ir hacia una calidad de excelencia que no se logra con este tipo de medidas”.
Y completó: “Cuando hay alumnos que tienen problemas con las calificaciones hay que tener un abordaje integral, no una medida que simplemente signifique un paliativo”.
La resolución
La directora de Educación Secundaria, Natalia Garnier había indicado que la medida, aprobada por Resolución 1565/22 “viene a ampliar la normativa vigente en referencia a la calificación, no a modificarla”. Por ello, se da por hecho que será una de las autoridades que deberá abandonar su cargo.
A principios de mayo, el CGE de Entre Ríos modificó el sistema de evaluación, calificación, acreditación y promoción, para «garantizar los derechos» de estudiantes a ser evaluados desde una «mirada integral, flexibilizada y con centralidad en la enseñanza».
En esa norma, mantenían la aprobación entre 6 y 10 y la «no aprobación» entre 1 y 5, pero la calificación del primer trimestre era entre 4 y 10, debido al «impacto subjetivo» que tienen las notas 1, 2 y 3.
Esas calificaciones, según el CGE, «obturan la trayectoria a realizar durante el año desde el inicio del proceso de aprendizaje».
A cambio, recibían un informe descriptivo con los «saberes y capacidades pendientes de acreditación, fortalezas y debilidades», para tomar decisiones y así disminuir o superar esas dificultades.
Incluso, la normativa instaba a que los y las estudiantes «aprendan a hacer sus registraciones» sobre la acreditación de saberes.
