La ministra de Gobierno y Justicia entrerriana, Rosario Romero, que acompañó al mandatario, explicó que dialogaron sobre un tema que “nos preocupa y que es el sistema carcelario”, y detalló que Entre Ríos “alberga no sólo internos que provienen del sistema de justicia provincial sino también 600 hombres y mujeres provenientes del sistema federal”.
“Los 9 establecimientos carcelarios entrerrianos necesitan una ampliación para poder tener las condiciones humanas adecuadas, que exigen nuestros propios jueces y los pactos nacionales”, indicó la ministra.
Puntualmente, dijo que abordaron el tema de la provisión de dispositivos electrónicos para las prisiones domiciliarias, es decir, las pulseras tanto por violencia de género como para prisiones domiciliarias.
“La ministra nos comentó que está trabajando ese tema para todas las provincias argentinas, mediante una licitación. Pero dejó en claro que es de su interés agilizar el proceso para descomprimir el sistema penal”, indicó, al respecto Romero.
Además, dialogaron sobre el sistema de Juicio por Jurados y la implementación en la provincia el próximo año. En ese sentido, “compartimos criterios de política criminal y judicial en este nuevo gobierno nacional con el que nos identificamos en lo que respecta a rumbos y objetivos”, informó Romero.
Por otra parte, analizaron una deuda que dejó el gobierno anterior con la provincia correspondiente a lo que se debe pagar a Entre Ríos por sostener a internos provenientes del sistema federal.
Finalmente, contó que le presentaron los detalles a la ministra donde consta que el último pago del gobierno nacional se realizó en 2015. Losardo “recibió el pedido y se comprometió a trabajar con nosotros una alternativa de solución”.
