"Tanto el abogado defensor como su comitente en esta causa, tienen la suficiente expertise en derecho como para saber que las peticiones tienen que estar ajustadas conforme a las normas vigentes; en ese sentido corresponde hacer notar que el proceso de elevación a juicio con posterioridad a la confirmación de un procesamiento tiene tres pasos que no pueden ser soslayados y por tanto se deben respetar esos plazos procesales", señaló el magistrado en la resolución firmada el miércoles pasado, pero que se conoció este viernes.
Al mismo tiempo, y tras negarse a cerrar la instrucción, Bonadio libró oficio a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que informe si se registran reportes de operaciones sospechosas respecto de nueve empresas y funcionarios ligados al Gobierno nacional, que compraron billetes verdes y luego se habrían beneficiado con la devaluación de diciembre pasado.
En esa lista figuran, al secretario de Políticas Públicas de la Nación y ex CEO de LAN, Gustavo Lopetegui; al jefe de asesores presidencial José María Torello; Caputo SAICYF (del secretario de Finanzas, Luis Caputo), Pegasus Argentina S.A.; el extitular de YPF, Miguel Galuccio, el embajador en Estados Unidos, Martín Lousteau, el director del Banco Central, Pablo Curat, y las firmas Asatej S.R.L. y Chery Socma Argentina S.A., de la familia de los Macri.
