Los legisladores solicitaron conocer cuáles son las condiciones del contrato con el Nuevo Banco de Entre Ríos SA, y sobre el papel del Estado provincial en relación a la implementación de la operatoria de leasing para la incorporación de bienes de capital para las comunas de segunda categoría.
Mainez y Grilli quieren saber si los bienes serán asegurados, y si es así, quién es la compañía aseguradora y cuáles son los siniestros cubiertos, además, pidieron conocer “la justificación jurídica y el alcance de la supuesta garantía que otorgará la provincia en el contrato.
En este sentido, quieren conocer si la provincia “será la garante en caso de incumplimiento, o aparecerá como deudor principal, como apareció publicado en los medios periodísticos”.
En el caso que la provincia asuma el carácter de deudor principal o fiadora solidaria, los diputados plantearon interrogantes. “¿Existe previsión presupuestaria y aprobación legislativa de una garantía del Estado provincial con cesión de coparticipación, asimilable a un empréstito?”, se preguntaron. “La respuesta es no”, sostuvieron.
En cambio, si la provincia se constituye en un mero agente de retención de la coparticipación, el Bloque Integración solicitó “conocer la norma por la cual los municipios cederán al Nuevo Bersa su coparticipación; todo lo cual hace presumir la existencia de una obligación principal como operación financiera asimilable al empréstito. Esta situación tornaría inconstitucional la celebración de leasing con los municipios de segunda categoría”, dijeron.
“Un dato, que no es menor, es si los municipios de segunda tienen los recursos suficientes para endeudarse, teniendo en cuenta que a muchos se les dificulta cumplir con los servicios que se merecen los vecinos”, dijeron los diputados.
Finalmente, el texto señala la necesidad de contar con el detalle del monto total de la operatoria, “en función de la capacidad prestable de la entidad, y capacidad de pago de las tomadoras del leasing”.
