Benítez dijo que los concejales de la oposición conocen los actos de vandalismo que se produjeron en las viviendas de Agua Patito, saben que el presupuesto de $ 3.500.000 provendrá del Estado Nacional, y tampoco desconocen todos los argumentos que esgrime Peñaloza. De todas maneras, sostuvo que votaron en contra por no adoptar medidas normales como la licitación pública, al señalar que no hay justificativo en las circunstancias de que los fondos son recibidos de la Nación. A su criterio, la mayor parte de las obras que se han realizado en Concordia han sido financiadas por la Nación.
Además, el Departamento Ejecutivo no necesita pedir autorización al Concejo Deliberante en caso de urgencias especiales. “Por ejemplo por inundaciones, incendios y situaciones similares, porque para tales casos está prevista la ordenanza 34698 art 12 inc. 2º, ¿Por qué elabora este proyecto de ordenanza?”, se preguntó.
“También conocemos que los vecinos de Agua Patito no tuvieron soluciones urgentes, sino que pasaron meses para obtener sus viviendas. Recordamos que en noviembre de 2016 se anunciaba que las familias iban a pasar las fiestas en las nuevas casas y esto no sucedió, que el 29 de abril de 2017, después de un año de la inundación, murió un niño electrocutado en esa obra, mientras jugaba inocentemente en una de las viviendas que todavía no habían sido entregadas, lo que sugiere claramente que no se realizaron los actos necesarios para proteger la obra”, mencionó Benítez.
“Ahora bien, mi lectura, es que les molesta que se hagan públicas las informaciones que atañen a la administración, pero ese no es mi problema, como concejal no me parece mal que a través de los medios de comunicación se conozca la realidad de lo que se trata en el Concejo. No deben enojarse por que la ciudadanía conozca que en vez de realizar licitaciones y dar participación a diferentes empresas para contratar, realizan compra directa”, añadió luego el concejal.
“Sorprende la permanente reacción de los funcionarios municipales ante los diferentes pedidos de informe, o por que hacemos públicos sus actos, pero moleste a quien moleste cumplimos con un rol, que si no fuera por nuestra constante actividad estos hechos pasarían inadvertidos. Escudarse en la necesidad de los humildes para realizar actos sin justificación es lo que más me molesta”, indicó por último Benítez.
Por su parte, Reta de Urquiza recordó que el año pasado, en mayo, hubo que trasladar personas que fueron afectadas por la creciente del río Uruguay. “Las viviendas Toyota que no habían sido asignadas no se encontraban en condiciones de ser habitadas ya que no contaban con instalación eléctrica, vidrios, sanitarios, etc. dado que habían sido vandalizadas”, indicó.
“En ese momento se inician gestiones con la Nación a fin de buscar financiar las reparaciones. En febrero de este año el municipio suscribe el convenio (CONVE-2018-06797315-APN-SECVYH#MI) por $ 3.500.000. La ordenanza aprobada ratifica el convenio firmado con Nación y autoriza al instituto de viviendas municipal a utilizar la contratación directa de las reparaciones, previo cotejo de precios y de acuerdo a la ordenanza de contratación”, señaló luego.
“Algunos de los trabajos ya se realizaron para poder trasladar 41 familias afectadas por la creciente, dada la situación de emergencia vivida hace poco más de un año. Desde el Bloque Cambiemos solicitamos tratarlo en la próxima sesión, pero quedamos conformes con las explicaciones que en labor parlamentaria recibimos de la arquitecta Peñaloza, en la semana previa a la sesión”, añadió luego.
“Es importante aclarar que la responsabilidad del cuidado de las viviendas era de la Provincia, ya que Nación donó las 100 viviendas y la obra de instalación y urbanización era del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV., indicó la concejal.
