En una deleznable actitud, desde el ejecutivo provincial se intenta retrotraer una disposición legal que surge luego de un amparo ambiental colectivo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) contra el Gobierno provincial y el Consejo General de Educación (CGE).
Esta falta de respeto por la vida, es motivo de nuestro más enérgico repudio, en una provincia que ostenta la terrible estadística de poseer el 55% de los enfermos de cáncer menores de edad en el Garraham y que por ejemplo en la ciudad de San Salvador (una de las más afectadas por este flagelo), se contabilizaría un enfermo por casa en barrios donde años atrás existían pistas de aterrizaje de aviones fumigadores.
Justamente en el momento en que los grupos ambientalistas de la provincia impulsan una ley para la declaración de la emergencia ambiental en la provincia, y que la cámara federal revoca la apelación contra la prohibición del glifosato en la ciudad de Gualeguaychú, la conducta del gobierno se inclina (una vez más), hacia la defensa de los sectores concentrados que operan en contra de la salud y la vida de miles de entrerrianos.
Es por ello que desde nuestra fuerza política provincial, apelamos a la razonabilidad del Gobernador Bordet, solicitándole que retire la apelación sobre un fallo que se orienta a salvaguardar la salud de nuestros gurises, gurisas y las comunidades educativas en su conjunto, ya que (como habría expuesto Adolfo Perez Esquivel) “Las consecuencias que producen las fumigaciones con agroquímicos sobre la salud y la vida de las personas expuestas involuntariamente, poseen la suficiente entidad para ser calificadas como crímenes de lesa humanidad”.
