Cuando se produjo la detección del vector que transmite la enfermedad, desde el Senasa se convocó a las autoridades políticas de la región (Misiones, Corrientes y Entre Ríos) a los fines de analizar la situación sanitaria de la citricultura. “En ese marco de emergencia sanitaria, creíamos que se iban a reforzar los controles, se iban a ampliar los presupuestos para la prevención y erradicación de la enfermedad pero nos encontramos con la sorpresa de que se recorta presupuesto y recursos humanos”, dijo. Los riesgos son que vuelva la aftosa y que la citricultura ya no pueda exportar.
El presupuesto que se aprobó a fines de diciembre en el Congreso para el Inta generó una reducción de $ 1.400 millones y se despidieron a 500 trabajadores y el del Senasa es el mismo que el del año 2015, con un 45 % de inflación entre medio, lo que produjo una mengua de la actividad. “No hay viáticos, no ha movilidad, incluso ya hay locales y casas donde funciona el Senasa que llevan una demora de tres o cuatro meses de pago de alquileres. O sea que se ha entrado en una situación preocupante, afligente”, indicó.
En consecuencia, es cada vez más latente el riesgo de que el HLB ingrese a Entre Ríos. “Nosotros queríamos alertar a las autoridades de la zona como Chajarí, Concordia, Villa del Rosario y otras autoridades cercanas de la problemática a futuro en tanto y en cuanto se caen los presupuestos, se caen los recursos humanos. No solo se va a agravar la situación y se va a profundizar la imposibilidad de poder mantener la prevención y erradicación de la enfermedad”, añadió el delegado.
Esta mañana, los empleados del Senasa estaban en estado de asamblea. “Estamos viendo la posibilidad de establecer un comité de emergencia para analizar la emergencia sanitaria”, indicó. En ese comité se incluiría a los intendentes de la zona, concejales, autoridades de la Federación del Citrus, la CTA, la CGT, etc. “Es una situación riesgosa donde el Estado baja sus barreras. Acá en la zona de Corrientes hay dos barreras sanitarias muy importantes que fueron desmanteladas prácticamente. Se trata de 18, 19 compañeros que fueron cesanteados lo que pone en riesgo y amplia la posibilidad de la enfermedad”, dijo.
Más adelante, Borro indicó que se trata de personal que trabajaba mediante una modalidad denominada Argeninta (contratos de locaciones de servicios). Cada seis meses los contactos son renovados. Pero el 31 de diciembre se les comunicó que no se le iban a renovar a través de medios impersonales como correo electrónico. Y no hay ningún tipo de argumento en las comunicaciones. Simplemente se les advierte que no se les renueva el contrato.
El personal restante, alrededor de 70 contratados en Entre Ríos que se encargan de controlar que no ingresen enfermedades como el HLB u otras, trabajan en situación de tensión y angustia constante. “Están en estado de temor. El clima de trabajo que genera el gobierno nacional de poner en esta situación de inseguridad e inestabilidad laboral y emocional pone en situación desesperante al trabajador”, indicó.
La semana pasada, en las distintas áreas del gobierno nacional, se produjeron 1.200 despidos. “Y se está diciendo que en el transcurso de este año 2018 van a haber 20.000 despidos. Recién estamos en un 10 % de despidos. Eso abre una inseguridad, una inestabilidad emocional laboral al trabajador que no va a repercutir de manera favorable en un organismo encargado de la prevención de cuestiones sanitarias. Nosotros no estamos controlando cubiertas ni tornillos, estamos controlando y certificando alimentos que la gente va a consumir”, dijo.
Asimismo, Borro dio cuenta de una versión que indica que este año desaparecen las direcciones regionales y se unificarían algunas regionales como la de la Región Centro que agrupa a Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, designándose una sola regional, quedarían sin efecto las coordinaciones y supervisiones, tercerizando servicios a la actividad privada y dejarían a algunos profesionales encargados de auditar lo que las empresas privadas realicen. En consecuencia, la calidad sanitaria y el control de los alimentos “están en riesgo”. “Yo creo que lo que se va a llevar a la boca deberían revisarlo muy bien”, añadió.
