En la cuarta audiencia del juicio, ante el tribunal integrado por José María Chemez, Elvio Garzón y Carolina Castagno, y en el último alegato de apertura, el letrado señaló que “presentarse ante la sociedad como un opulento cazador de corruptos es muy útil para conseguir votos”, respecto del juicio que se lleva a cabo en pleno proceso electoral.
Tras señalar que el ex mandatario lo instruyó para “respetar absolutamente a la prensa digan lo que digan”, Barrandeguy señaló a un sector del periodismo de llevar adelante un “liberticidio” y de “todos los días tratar de derrotar una garantía constitucional”.
“Es absolutamente cierto y verificable que entre las energías que pulsan hacia adelante en estas investigaciones están identificadas energías políticas que consideran que el de Urribarri fue un mal gobierno, que debe ser sancionado por lo que gastó, que se enriqueció, que tiene campos, aeronaves, fondos en paraísos fiscales, inmuebles. Toda esta opinión que la sociedad se va formando es impulsada por sectores del periodismo que dejan de hacer periodismo para ser fuerza de choque de estas concepciones críticas, aunque alguno pueda admitir en un pasillo que no hay pruebas contundentes”, advirtió.
El abogado cuestionó luego el rol de la justicia de Garantías. “Debió mantener esto en equilibrio y lo único que ha garantizado es que mi defendido llegue al juicio en las peores condiciones. Ni una sola razón fue escuchada. Siempre se dijo, como Pilatos, que las cuestiones se verían en el juicio”, graficó.
Más adelante, Barrandeguy se refirió a la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito presentada contra su defendido por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet ante el Ministerio Público Fiscal, que dispuso su inmediata tramitación.
“En el legajo se le atribuyen a Urribarri dos empresas a través de prestanombres sin señalar a qué se refieren concretamente. Luego, la fiscalía pidió oficios a todos los registros de propiedad, automotor, de aeronaves y de embarcaciones del país, a AFIP, al Banco Central, sobre él y toda su familia, e incluso se libró un oficio vía Cancillería a la República Oriental del Uruguay. Esto puede ser relevante para la prensa que nos escucha porque el gobierno uruguayo informó que ni Urribarri ni nadie de su familia tiene propiedades en Uruguay. Ocultar esta información no es un error. Pero nada se dijo y sabrán que no fueron objetivos, que jugaron en favor de un interés no procesal”, expresó.
“Con este juzgamiento se está violentando gravemente la discusión ilustrada entre derecho y moral y se está impulsando la persecución penal contra una persona que no ha cometido ningún delito, más allá de que nos haya gustado o no su gobierno”, concluyó Barramdeguy “con la confianza de que vamos a continuar recorriendo un sendero sano, sin espinas, del que podamos estar orgullosos el día de mañana porque fuimos parte de este juicio que es histórico”.
