En esa línea, la defensa planteó que “hubo pruebas que fueron ordenadas por los fiscales que hubieran requerido la autorización de un juez, cosa que no ocurrió”, añadió el abogado.
Además, los abogados defensores cuestionaron la legalidad de ciertas pruebas a partir de la falta de incumbencia profesional y de aptitud de quienes llevaron adelante las pericias. Barrandeguy explicó que tal como lo dispone el Código Procesal Penal, éstas deben ser realizadas por peritos del Superior Tribunal de Justicia, por lo que, al haber sido efectuadas por empleados del Ministerio Público Fiscal, se estaría violando la normativa.
A este respecto, el juez Ricardo Bonazzola, que presidió la audiencia, remarcó que la Fiscalía deberá hacerse cargo oportunamente de si la prueba es legal, e hizo lugar a uno de los planteos de la defensa en la que se solicitaba una pericia informática, otorgándole 30 días hábiles para efectuarla.
Sobre la causa
“Estamos ante un legajo al que se le ha endilgado la caracterización mediática de megacausa, cuando en realidad se trata de tres expedientes acumulados: uno por la publicación de una solicitada, otro por cuatro spots y un tercero por una acción institucional de promoción turística. En modo alguno eso califica como megacausa, pero es uno más de los ataques sutiles que nuestros defendidos vienen soportando que tienen como fin la instalación de una condena social”, dijo Barrandeguy.
“La fiscalía, sin elementos probatorios, expresa ante la opinión pública que las tres cuestiones tuvieron que ver con la campaña que el ex gobernador Urribarri llevó a cabo sobre el final de su mandato con la intención de ser precandidato a presidente de la Nación. Pero lo cierto es que no hay indicios ni pruebas que muestren semejante cosa”, agregó.
“La decisión de publicar una solicitada en nombre del gobierno entrerriano en diarios de circulación nacional contra los por entonces denominados fondos buitres puede no ser del gusto de algunos, pero es una decisión de gobierno no judiciable que de ninguna manera constituye un delito. Y en modo alguno se vincula con ninguna campaña proselitista, como se desprende de su texto”, marcó el letrado.
Respecto de los spots, manifestó: “Se trató de piezas comunicacionales difundidas para mostrar nuestra provincia, aprovechando la visibilidad que le dio a Entre Ríos ser sede de la Cumbre de Presidentes del Mercosur a fines de 2014. Otras provincias que han sido sede de cónclaves similares, como Mendoza, o más cercano en el tiempo la vecina provincia de Santa Fe, también han desplegado acciones publicitarias similares y no han recibido ningún cuestionamiento”.
Más adelante, respecto del parador que se instaló en Mar del Plata, Barrandeguy explicó que fue “una clara acción de gobierno tendiente a promover los atractivos de nuestra provincia justamente en una de las playas más populares del país. El emplazamiento de este espacio mereció la aprobación del concejo deliberante marplatense y no hubo una acción ni un elemento ni nada que permita asociar este espacio con las aspiraciones políticas legítimas del ex mandatario”.
