De esta manera, según el letrado, se estaría ante una situación de clara parcialidad y falta de equilibrio. “No hay fundamentación jurídica para un embargo y de hecho no hemos sido notificados”, manifestó y adelantó que van a cuestionar la procedencia de la medida en el contexto procesal, así como el monto económico, en tanto éste debe estar debidamente justificado y debe ser precedido por un debate entre las partes.
Asimismo, Barrandeguy expresó que “esta información difundida por algunos medios de comunicación nos llama poderosamente la atención en tanto las medidas cautelares se notifican a cada una de las partes y nosotros no hemos sido notificados, pero ciertos periodistas sí parecen haber sido informados”.
Respecto de la posibilidad de concreción de dicha medida, el abogado indicó que se trataría de “una responsabilidad que excede el Código Procesal Penal y que está comprometiendo el funcionamiento normal de la institucionalidad republicana en la provincia, la cual requiere principalmente garantías de equilibrio en la investigación penal de los delitos”.
En este sentido, se estaría ante una situación de abuso, absolutamente ilegal, y que no tendría otra intencionalidad que la persecución y la estigmatización. Es por ello que Barrandeguy afirmó que van a apelar la supuesta resolución esgrimiendo que “una medida cautelar se debe dar en el contexto de una sentencia y nosotros no estamos condenados ni nos van a condenar”.
