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Barrandeguy defiende al Fondo del Bicentenario

“Esta norma cuenta con el respaldo de la enorme mayoría de los gobernadores y de los dirigentes responsables de este país, y debemos contar con un respaldo que le permita a la Nación Argentina atravesar el año 2010 sin sobresaltos económicos”, dijo Barrandeguy en declaraciones a la emisora LT 14, de la capital entrerriana.
“Este debate no es tan complicado, requiere seriedad y buena fe. Lamentablemente la oposición – tratando de buscar votos a cualquier costo – ha introducido una cantidad de elementos erróneos que perturban el debate y lo ocultan la verdadera naturaleza de esta decisión”, agregó.
“El decreto del Fondo Bicentenario es la decisión de aplicar en garantía de deuda pública, no es deuda particular de nadie, deuda pública externa e interna. Se trata de seis mil millones de dólares que están disponible entre las reservas de libre disponibilidad, son una pequeña parte que el Banco Central atesora. Es nada más y nada menos que esto, una decisión de enorme trascendencia estratégica”, precisó a la prensa.
“¿Qué es el Decreto del Bicentenario? Afectar en garantía del cumplimiento de la deuda pública externa e interna los fondos de que allí se disponen, no es nada más ni nada menos que esto, una cuestión absolutamente legítima, una cuestión que además ha resuelto la Presidenta en ejercicio de poderes que la Constitución expresamente le da siguiendo el trámite de mandar a la comisión del Congreso el decreto”, dijo.
En este marco, recordó finalmente: “Tenemos un antecedente que no generó ninguna clase de oposición. Fue en el año 2005 el decreto del presidente Kirchner que afectó las reservas que eran muchísimas menos y afectó casi diez mil millones de dólares para el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Esta decisión no generó ruido, sino al contrario, generó un grado de independencia enorme de la República Argentina”.
Hoy el país tiene una reserva de cuarenta y ocho mil millones de dólares y algún poco más está atesorado en el Banco Central y se afectaría en garantía del cumplimento de la deuda unos seis mil millones.

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