Este jueves y viernes, la jueza Federal de Paraná, Myriam Galizzi, dispuso la realización de los reconocimientos de los sitios que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar. Se iba a hacer la semana pasada pero “los lugares son medio a la intemperie, entonces realmente iba a ser muy difícil y un sacrifico para todo el mundo que no se justificaba”, explicó Barbagelata, en diálogo con APF. El 12 se va a hacer en el Batallón de Comunicaciones y la escuela Álvarez Condarco, y el 13 en la Casita de la Base.
Respecto a este hecho, la letrada consideró que “es algo que se tenía que hacer antes o después. Es una medida totalmente conducente a la averiguación de lo que pasó, además que va a dar fuerza a los testimonios porque seguramente los testigos van a reconocer el lugar y van a fortalecer sus relatos”. “Pienso que los testigos, en la medida que se van a ubicar en ese lugar, es probable que puedan despertar recuerdos”, añadió.
Por otro lado, la magistrada dispuso que los recorridos se harán sin que se permita el acceso de la prensa y de acompañantes de las víctimas. “Esto es un acto muy simbólico, es muy fuerte, y para la comunidad es importantísimo tener registrado estos eventos en fotos, en filmaciones”, opinó la abogada.
Por eso, consideró que “es una decisión absolutamente inexplicable, que reniega con las directivas que da la Corte respecto de que tiene que tener transparencia la justicia”.
Además, “una resolución absolutamente reñida con el tenor de las resoluciones que este mismo juzgado viene tomando; nos generó una insatisfacción absoluta porque pensamos que agudiza innecesariamente un marco de secretos que se ha dado por el código que se tiene que aplicar”, añadió.
“Entendemos que esta es una de las pocas oportunidades que podría tener la comunidad nuestra de acceder a la administración de justicia porque todo el procedimiento que se va a aplicar es un procedimiento que impide esta participación pasiva de la ciudadanía; esta única oportunidad de acceder, de ser testigos de la administración de justicia, se vio frustrada por una decisión totalmente infeliz a nuestro criterio”, resumió Barbagelata.
Al respecto, contó que “pedimos a la jueza que aclarara el alcance de la prohibición porque nos parecía que no tenía ningún justificativo en la medida de que nadie había solicitado nada; prohibir de un modo espontáneo la participación nos apreció descontextualizado y que además que no se compadecía con el resto de los decisorios que nos han parecido hasta este momento justos, mesurados y criteriosos”.
