Se abordó dos temas que preocupan: la incorporación de una nueva materia en el nivel secundario, que en muchos caso obligaría a extender el horario de clases, y el futuro de escuelas primarias que tienen incorporado hasta el noveno año y que con la nueva Ley de Educación deberán reconvertirse.
El padre Sergio Jacob, titular de la Junta de Educación Católica del Arzobispado de Paraná y vicepresidente de la Asociación de Escuelas Públicas de Gestión Privada de Entre Ríos, rescató el “buen clima de diálogo” que hubo en la reunión, aunque admitió que salieron del encuentro con Bar sin demasiadas definiciones. “Tenemos que seguir charlando”, dijo respecto de los dos grandes asuntos que llevaron para abordar con la titular del CGE.
“Lo que el Consejo plantea es que se debe respetar la cantidad de horas curriculares dentro del plan de cada institución, y si hay determinadas actividades que exceden el horario normal de clases, como computación, inglés o catequesis, habría que pasarlas a contraturno. Pero una decisión de ese tipo requiere de toda una organización. Aunque lo que más nos preocupa es el retroceso que significa la pérdida de la hora de opción institucional que existe actualmente”, señaló.
Respecto de la transformación en el sistema educativo –la primaria se extiende hasta sexto grado, y la secundario abarca desde el séptimo en adelante—la respuesta de Bar a los privados es que se avanzará tal como lo estipula la Ley de Educación, aunque de modo gradual. “Nos dicen que este año es de transición, de modo que sigue todo como esto. El único reparo que hacemos es el hecho que el director sigue siendo de primaria en el caso de las escuelas que tienen EGB III, o sea hasta 9º año. Acá las escuelas tienen que optar, entre reducirse a primaria, y perder tres cursos, o incorporar la secundaria, y agregar tres cursos más. Pero este año no habrá cargo de rector para esos colegios. El director sólo queda para la primaria. Así, la libreta, los pases y los certificados de la secundaria no los puede firmar la directora. Lo tiene que hacer el supervisor. Eso puede dar lugar a un cierto vacío”, señaló el sacerdote.
El lunes, durante una asamblea provincial que se desarrolló en el Instituto Cristo Redentor, los apoderados legales de lo institutos de enseñanza privada elaboraron un petitorio dirigido a Bar en el que plantearon su resquemor frente a la incorporación de una nueva asignatura, denominada Juventud, Participación y Ciudadana. La preocupación se apoya en la posibilidad de que esa decisión derive en la “pérdida del espacio opcional que existía en el diseño anterior, hay en ello un retroceso en lo trabajado durante tantos años con respeto a la identidad institucional, sea en escuelas de gestión privada como de gestión estatal”, explicaron en la nota que elevaron a la funcionaria.
Una nueva materia agregada a la de por sí sobrecargada caja curricular de la secundaria –un alumno pasa de tener 25 horas semanales en la primaria a contar con 39 a 40 horas en el nivel medio—no sería pedagógicamente recomendable, dijeron. Pero además, está el problema edilicio, “ya que la mayoría de las escuelas no pueden extenderse más allá de su turno porque comparten el establecimiento con otro nivel. Recortar el medio módulo a 30 minutos (hoy cada módulo u hora dura 40 minutos) como lo han hecho algunas escuelas de gestión estatal, sería perjudicial para el logro de una mejor educación».
Respecto de las escuelas primarias que tienen incorporado el nivel III de la educación general básica (EGB) el petitorio señala que «bregamos para que desde el Estado se ofrezcan garantías presupuestarias, tanto a las que deseen ampliar su oferta hasta completar el nivel secundario, como a aquellas que no tengan otra salida que cerrar tres cursos y afrontar los costos de esa reestructuración. Y en aquellos barrios humildes donde indefectiblemente se cerrarán 1°, 2° y 3°, que se garanticen bancos para que esos chicos no queden excluidos de la educación secundaria».
Un documento elaborado por la Junta Diocesana de Educación de Concordia recogió el clima de “angustia” que recorre a las once escuelas que están en esa situación, seis parroquiales y cinco congregacionales.
Se trata de instituciones educativas ubicadas en zonas pobres de las ciudades de Federal, Chajarí, Colón y Concordia, que cuentan con nivel inicial, primaria y el ciclo básico secundario, el EGB 3 de la anterior Ley Federal de Educación, y que en su conjunto tienen una matrícula de más de 6 mil alumnos provenientes de familias de escasos recursos, muchas con empleos temporales o sencillamente desocupados.
“Estas escuelas, cuando no son gratuitas, tienen un arancel promedio de $ 24, con un promedio de 50 % de becados, lo que equivaldría a un arancel promedio de $ 12 por alumno. En las escuelas públicas de gestión estatal, a esto se le llama escuela gratuita, ya que cualquier cooperadora escolar estatal tiene un importe similar o superior a estos aranceles”, dice el documento del Obispado de Concordia.
Y poner de manifiesto que al sancionarse la nueva Ley de Educación en la provincia, en diciembre último, «estas escuelas deben establecer el final de la primaria en 6º grado. Y, como cuentan con el viejo EGB 3, las posibilidades que les queda es: retrotraerse a la primaria de seis años (cerrando gradualmente los tres cursos de 7mo, 8vo y 9no), o completar la secundaria con la creación de los tres cursos faltantes del nivel».
Aunque advierten que escaso de cerrarse esos tres años, «la mayoría de nuestras familias no podrían enviar a sus hijos al colegio secundario, quedando con una formación básica del primario de seis años. Los pobres tendrían menos escuelas que antes.
Las escuelas secundarias de las zonas de influencia de estas familias suelen disponer de muy poca matrícula como para recibir esta cantidad de alumnos. En algunos casos, ni siquiera tienen escuela secundaria cercana».
Zozobra en
Concordia
El padre Oscar Rigoni, delegado episcopal de Educación de la Diócesis de Concordia, produjo un extenso informe que da cuenta del estado de incertidumbre que alcanza a las escuelas de esa región de la provincia que se ven en la obligación de cambiar su oferta educativa.
«Somos conscientes que estas escuelas tienen casi la totalidad de su planta funcional con el reconocimiento económico por parte de la provincia —dice el texto—. Sin embargo, ante la posibilidad de completar la escuela secundaria con los tres cursos faltantes, no podemos olvidar una vieja praxis que se ha instalado en nuestra provincia para con los nuevos cargos y horas cátedras: la demora por meses y hasta años del reconocimiento económico por parte del «estado, extemporáneo al reconocimiento pedagógico de horas y cargos».
Y agrega: «Es hora de aplicar la ley también en este ámbito: la única manera de abrir nuevos cursos, es que junto con el reconocimiento pedagógico de la planta funcional, venga el reconocimiento económico de todo el personal. La asignación de recursos sería una contundente muestra del interés de la dirigencia política por la educación. Una clara muestra de que la política educativa garantiza los derechos de todos: educandos y educadores».
Un aspecto preocupante es la falta de recursos con los cuales hacer frente a un aumento de la oferta académica. «Del relevamiento realizado, queda claro que ninguna de estas instituciones está en condiciones edilicias y económicas de hacer frente por sí solas a las reformas necesarias para completar la creación del secundario. Completar el secundario, no solo implica contratar más trabajadores docentes. Significa edificar nuevas aulas y equiparlas, refaccionar o reciclar sectores de la escuela para contar con rectoría y secretaría, sala informática, biblioteca, sanitario acordes a la edad de los jóvenes y que no pueden ser compartidos con la escuela primaria y otras exigencias de arquitectura de la provincia, de las compañías aseguradoras y la dignidad de nuestros muchachos y chicas. Muchas veces comenzamos en forma muy precaria: un pasillo, una cochera, una caballeriza. Sin embargo, nos resistimos seguir nivelando para abajo y dando las sobras a los más pobres»
«¿Por qué creamos escuelas en barrios carenciados, si sabíamos que económicamente apenas podíamos mantenerla? —analiza el documento—.Porque siempre creímos en la ley, en las promesas de las políticas educativas y en la distribución equitativa. Porque si no hubiese estado la educación pública de gestión privada, sencillamente no había nadie que lo hiciera en esos lugares».
Fuente: El Diario
