A raíz de la pandemia de Influenza H1N1, que en Entre Ríos produjo un total de 8 muertos, el Consejo de Educación se vio obligado a suspender el dictado de clases en las escuelas a partir del lunes 30 de junio y hasta el 10 de julio, como forma de establecer un “distanciamiento social” que evitase el contagio de la gripe, según dispuso la resolución N°2.176 del CGE.
La inactividad en las aulas se continuó luego con el receso escolar de invierno, y la vuelta a clase recién se produjo el viernes 31.
Aunque por prevención, se otorgó una licencia especial, con goce de haberes, a docentes y alumnos que estuviesen dentro de los que en ese momento se consideró como grupos de riesgo, y que abarcó casos de gripe, oncológicos, asma o bronquitis, lupus, renales crónicos, sida, inmunodeprimidos y embarazadas.
Amparándose en ese permiso de licencia, un número cercano a los 3.000 docentes no asistieron a trabajar, y presentaron los certificados médicos respectivos.
La cifra llamó la atención en el CGE. “Me pareció raro que hayan sido tantos. Siempre en agosto se produce un pico de pedidos de licencias, pero usualmente son por gripe, y por siete días. Y no llegan a ser más de 2.000. Pero ahora tenemos 3.000, y por 30 días”, advirtió la titular del CGE.
—¿Van a investigar qué fue lo que ocurrió?
—Yo no puedo investigar. Tendrían que hacerlo los médicos, para ver si los certificados médicos que dieron son reales.
No lo puede hacer la Junta Médica, que es un solo organismo, está en Paraná y está atiborrada de trámites. Además, la Junta Médica sólo analiza casos de licencia cuando exceden los 45 días.
Ese es un cuello de botella que tenemos, porque están muy atrasados en los trámites de otorgamiento de altas médicas. Un docente que tiene el alta de su médico, debe esperar que lo autorice la Junta Médica para volver a clase, cuando se trata de enfermedades traumatológicas o psiquiátricas.
Como ese trámite se demora, el gasto se aumenta, porque hay que seguir pagándole el sueldo al suplente que lo cubre en el aula.
Para bajar el alto número de licencias especiales que pidieron los docentes incluidos en los denominados grupos de riesgo, el Consejo de Educación dio a conocer una nueva resolución.
Ahora, “autorizó” al docente a volver al aula cuando no esté incluido en un menú más restringido de afecciones consideradas de riesgo, como las embarazadas con tratamientos con corticoides sistémicos, en quimioterapia, radioterapia, con HIV y a pacientes trasplantados.
—¿Por qué se autoriza y no se dispone la vuelta?
—Porque yo no soy médico. Yo no soy médico para disponer la vuelta. Acá juega la ética del docente, si considera que no está en grupo de riesgo, y padece diabetes, por ejemplo, debería volver a trabajar.
Otro sistema
El Consejo de Educación ya le pidió formalmente al ministro de Salud, Angel Giano, que le permita utilizar los servicios de los cuatro médicos escolares que hay en la provincia, y destinarlos al control de ausentismo por enfermedad de los docentes, aunque la aspiración es que en cada departamento de la provincia haya un profesional que cumpla con esa tarea, dijo Bar.
“Hemos enviado una nota al ministro Giano para poder conseguir que los médicos escolares, que están hoy solamente en cuatro ciudades, puedan asumir el contralor médico para evitar que en la Junta Médica se produzca este cuello de botella. Pero a la vez, estamos convencidos de que hay que desburocratizar la Junta Médica. Además, desde la misma Junta Médica nos han hecho este pedido, que deleguemos tarea en los médicos escolares”, afirmó Bar.
Sucede que el plan oficial de transferir a un privado la tarea de contralor médico de las ausencias en el Estado que se había esbozado en marzo último, finalmente no prosperó. “Como se trabaja hoy, la Junta Médica no funciona”, había admitido el ministro Giano, entonces preocupado por el elevado gasto en suplencias en el Estado, unos 270 millones de pesos al año.
En Salud, con una planta de personal de 12 mil empleados, hay además otros 3.500 suplentes.
Esa situación deriva en el hecho que sobre un presupuesto total de 660 millones de pesos anuales, 91 millones se destinen al pago de suplencias, más del doble del presupuesto que se destina por año al funcionamiento de los centros de salud. En Educación, el gasto ronda los 160 millones.
Fuente: El Diario
