Pablo Bovino, concejal del Frente de Todos, presentó hace un mes una minuta de comunicación, en conjunto con su par, Lía Solís, para que en los bancos se reduzcan los tiempos de espera. “Que pongan una persona para organizar la espera; que arbitren más medios, mas medidas, más recursos; que los bancos se hagan cargo y brinden un buen servicio a la gente sin hacerla esperar”, acotó.
El edil sostuvo que la ley N° 10.036 no se cumple. “Me tocó a mí en forma personal; se superó claramente la media hora de espera en un banco privado”, indicó. “Creo que los bancos tendrían que dar el ejemplo y poner los medios necesarios para hacer la atención más dinámica”, sostuvo Bovino.
La minuta fue aprobada y enviada hacia el Ejecutivo para que notifique a los bancos. “Que les diga que requerimos eso desde el Concejo. Es importante darle soluciones a la gente que la está pasando mal en estos momentos y no se puede amontonarla”, dijo. Menos aún en plena pandemia y aislamiento social. Más adelante, Bovino sostuvo que los bancos “religiosamente” cobran los gastos de mantenimiento y otros ítems. “Nunca hay inconvenientes para cobrar pero para prestar servicios es difícil. Que sea un poco más parejo”, remarcó.
Proyecto anti-espera, a la papelera
Al menos, la minuta tuvo mejor suerte que el proyecto de ordenanza “anti-espera” que presentó en 2019 el ex concejal radical Esteban Benítez. La iniciativa, que terminó en el archivo, se basaba en el artículo 42° de la Constitución Nacional (“Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho….a condiciones de trato equitativo y digno”) y sostenía que el tiempo de demora deviene en violatoria de ese precepto constitucional.
El proyecto, si bien era aplicación general, sostuvo que específicamente “le apuntaba a los bancos”, dijo edil, quien además remarcó que le da mucha bronca ver como dejan a los adultos mayores pasar frío y lluvia en la vereda en invierno. “Eso pasa porque no ponen cajeros ni cajeros automáticos”, recalcó.
El proyecto establecía en su artículo 1° el carácter de «práctica abusiva» contraria al «trato digno» al consumidor o al usuario. Y enumeraba las circunstancias en que se configuraba esa situación: 1) toda práctica de atención al público que implique permanecer en filas con esperas mayores a 30 minutos, ya sea en establecimientos públicos y/o privados, 2) toda práctica de atención al público que implique permanecer en filas a la intemperie en el exterior de instituciones y/o locales comerciales, 3) toda práctica de atención al público que obligue a esperas en instituciones y locales comerciales mayores a 60 minutos, incluso aunque se provea de suficientes asientos y el orden de atención sea según ticket numerado y 4) la falta de sanitarios de acceso libre y gratuitos a disposición de los concurrentes, de acuerdo a la envergadura de la entidad, que surja de las normas municipales en vigencia.
En el artículo 2º establecía que las entidades deben adaptar sus instalaciones y prácticas en un plazo de seis meses a partir de la promulgación de la presente ordenanza para evitar las prácticas abusivas contrarias al trato digno descriptas. En el 3° proponía que el caso en que los usuarios deben permanecer de pie haciendo fila para ser atendidos, “el tiempo de espera no podrá ser mayor a 30 minutos”. Y en aquellos casos que la entidad provee de asientos suficientes, instalaciones sanitarias de libre acceso (con excepción de entidades bancarias y financieras por motivos de seguridad) y el orden de atención sea según talón numerado, “el tiempo de espera no podrá superar los 60 minutos”.
Además se establecía la obligación de instalar un cartel informando los plazos de espera máximos tanto para quienes están de pie como sentados. Lo novedoso estribaba también en que, además del turno otorgado a cada usuario o consumidor, “se debería informar los datos correspondientes al proveedor dador del turno y la cantidad de personas en espera existentes al momento de dar el turno, y el tiempo estimado de demora en su atención”.
También se proponían sanciones establecidas en la ley de Lealtad Comercial (22.802), y en la Ley 24.240 (de defensa del consumidor) a su vez se podrán imponer “sanciones educativas”, destinadas a la profesionalización del personal implicado y se instauraba como órgano de contralor a la Dirección de Defensa del Consumidor dependiente del Departamento Ejecutivo.
El ex concejal sostuvo que legalmente están imposibilitados de poder sancionar a un banco por lo que suceda en su interior. “Ahí la única potestad la tiene el Banco Central. Jurídicamente, si establecía normas internas, iban a decir que eran ilegítimas”, indicó. Pero el municipio puede intervenir cuando la fila llega hasta la vereda dado que ya se trata del espacio público.
No obstante, el proyecto nunca fue tratado en el recinto. “Nunca salió de la comisión; nunca bajó al recinto para tratarse”, dijo el edil. “Ni siquiera hubo una propuesta de modificación”, dijo el ex edil. En ese sentido, dijo que la gran mayoría de los proyectos que surgen de la oposición son ignorados. “El de pirotecnia salió porque hice un escándalo y lo tenía a Amadeo (Cresto) de mi lado. Si hubiese sido mi proyecto solo, no salía”, recalcó.
Sin controles ni multas
Cuando se sancionó la ley de la media hora de espera, en La Bancaria reinaba el escepticismo. “Sabíamos que era de muy difícil aplicación porque para eso debe haber un control muy estricto de los entes que regulan como Defensa del Consumidor o algún otro ente que el Estado ponga”, dijo Juan Carlos Navarro, secretario general de La Bancaria seccional Paraná. Cuando la ley se sancionó, Defensa del Consumidor de la Provincia iba a actuar de oficio ante denuncias de usuarios afectados, o podía apelar a la figura del “inspector encubierto”.
La actuación de Defensa del Consumidor es fundamental dado que lo que suele suceder en la práctica es que el cliente que pasó media hora o mas esperando difícilmente salga con ánimos de ir a hacer una denuncia. “Va a salir insultando disconforme, pero se va a su casa porque ya perdió una hora”, dijo Navarro. Aunque sabe que a los quince días o al mes volverá al banco y tendrá que aguardar otra espera interminable.
De la misma forma, remarcó que no se contemplaron tampoco importantes multas para que el impacto se note. “S hay, son muy leves que no les hace nada. Estamos hablando de entidades financieras. Si le cobrás $ 5.000 y le hiciste cinco multas en el mes, no le hiciste ni agua. Acá tendrían que haber sanciones graves para que se cuiden”, señaló
“Lo hemos planteado muchas veces, al menos en esta seccional de Paraná, nuestra disconformidad con esta demora que hay. Los cuestionábamos mucho en el Banco Entre Ríos porque lo veíamos mucho. Pero en la práctica ni el Banco Nación cumple con esa normativa que es un ente oficial. Menos los van a cumplir los bancos privados”, remarcó el gremialista.
“Creo que son intencionales para que la gente opte por los medios electrónicos”, sostuvo. Navarro ve detrás de esa intencionalidad la decisión de producir una reducción del personal en los bancos apostando a los medios virtuales. “Lamentablemente con esta pandemia se ha profundizado. Seguramente va a ser una de las preocupaciones en el futuro con respecto a las fuentes de trabajo de muchos compañeros”, indicó. “Es una pelea desigual para nosotros mismos” dijo.
“Creo que las colas se van a hacer en los cajeros automáticos o la gente va a optar por los medios electrónicos desde su casa para hacer algún tipo de operación”, señaló Navarro.
Descentralización bancaria
Hace dos semanas, Bovino presentó también un proyecto de resolución para que se instalen dos cajeros automáticos: uno en La Bianca y otro en Villa Adela. Respecto del primero, si bien ya hay uno en el barrio, dijo que “no da abasto”. “En épocas de pandemia se moviliza mucha gente al centro que si tuviese esos dos cajeros se les facilitaría muchísimo en cuanto al traslado, Y más que estamos en cuarentena para no nadar arriesgándose”, dijo el edil. Y en Villa Adela directamente no hay nada. “Para esta gente vendría muy bien”, sostuvo.
La iniciativa ya generó un pedido de reunión con el gerente del Bersa. “Estamos esperando que ellos definan una fecha”, indicó. Además el edil mencionó que el gerente de la sucursal local debe pedir una autorización hacia el gerente regional. “No tienen autonomía como para decir ‘me reúno con el Concejo’. Están esperando que los autoricen”, dijo. “Creo que la semana que viene vamos a tener una fecha”, dijo. No obstante, no es de esperar que avance la instalación de ningún cajero hasta que se renueve el contrato del Bersa como agente financiero de la Provincia, una cuestión que se está discutiendo en estos días.
Solicitudes como la del concejal concordiense abundan en la provincia. El 19 de junio pasado, la comisión de Peticiones y Milicias del senado instó a las autoridades del Bersa a instalar cajeros en diversos puntos de la geografía entrerriana. El senador Armando Gay (PJ Concordia) pidió para las comunas de Pedernal y Colonia Roca, del Departamento Concordia. Claudia Gieco (PJ-Diamante) solicitó para Aldea Brasilera, Aldea Spatzenkutter y Las Cuevas (departamento Diamante) y Flavia Maidana (PJ-Nogoyá) solicitó la instalación de dos cajeros automáticos en el edificio de la Comisaría de la Villa 3 de Febrero de Nogoyá, y dos en el inmueble de la Comisaría de la Zona Sur de Nogoyá.
No obstante, no todas las solicitudes se ejecutan. Muchas veces el banco evalúa el movimiento de la localidad y a veces llega a la conclusión que es poco rentable la instalación. Y propone alternativas como los comercios donde funcionan los Entre Ríos Servicios: allí se pueden hacer extracciones con tarjetas de débito. No obstante, Benítez remarcó: “son el sector que más guita ha ganado en la Argentina”.
Informe: Guillermo Coduri
