El argumento central de la defensa, ejercida durante casi dos horas, es que nadie puede ser acusado de administración fraudulenta sin ser administrador de los fondos. Bacigaluppe sostuvo que el tipo penal imputado “administración fraudulenta” exige como condición básica para su consumación que se encuentren frente a un administrador de fondos. “Y acá en ningún momento nos encontramos frente a un administrador”, dijo.
En ese sentido, argumentó que el fiscal en ningún momento ni de ninguna manera pudo probar que las hermanas administrasen los fondos destinados a pagar impuestos que, según la acusación, se los quedaron para ellas. “De acuerdo a todo lo escuchado, no quiero adelantar opinión, soy respetuoso de las resoluciones judiciales pero el tipo penal para que se configure una administración fraudulenta exige que puedan tener la disposición de los fondos o de los bienes y eso acá no se probó en absoluto”, recalcó.
Además, el letrado dijo que el administrador era ‘el estudio’ por lo que surge de las pruebas expuestas y de las testimoniales. “No sé si hacían lo que les decían o no hacían lo que les decían. Si le puedo decir que no eran las administradoras. No podemos llegar a lograr nada si previamente no acreditamos la condición esa que es básica para la acusación”, recalcó.
Más adelante, Bacigaluppe dijo que nunca quedó claro de quienes eran los bienes reclamados. “Si eran del estudio o si eran de los clientes. Acá se dejó eso de manera difusa y eso evidentemente impide un ejercicio pleno del derecho a la defensa porque nunca se dijo de quienes eran”, subrayó.
Respecto del monto en cuestión reclamado, el abogado dijo que “se han tirado muchas cifras” pero la única concreta es la que surge de una demanda civil: $ 600.000. Además dijo que cuatro de los clientes a los que les habría faltado dinero no concurrieron al debate a ratificar si eso era cierto. “Quedamos en la mitad de los que supuestamente habrían padecido algún faltante. Pero reitero que esa plata no la administraba ninguna de mis defendidas”, señaló.
Hay que recordar que el fiscal pidió el sobreseimiento de ´Asociación Ilícita´, ya que no se cumplen los requisitos necesarios para ser una asociación.
Lafourcade, pidió en su alegato que se evalúe iniciar una causa por falso testimonio contra los notificadores de la AFIP Mario Blestcher y Ricardo Scattone, y solicitó que se tomen en cuenta los careos en los que participaron los aludidos. “Me llama la atención que el fiscal se las haya agarrado con los notificadores de la AFIP siendo que es un hecho que no tiene ningún tipo de relación con el centro de la cuestión que se está discutiendo. Eso es desviar la atención de lo que era objeto la acusación. Se está discutiendo si notificaron un lugar u otro pero las declaraciones están avaladas por instrumentos públicos donde constan las notificaciones y demás”, alegó por último Bacigaluppe.
