Según la Nación, ocho de cada 10 beneficiarios Jefes y jefas realizan una contraprestación. De ese total, la quinta parte revista en el campo laboral formal; el resto, se desempeña en labores comunitarias. Los planes sociales serán pagados vía tarjeta, en nuestro caso por Sidecreer. El uso del instrumento permitirá la disposición de efectivo y a la vez la posibilidad de adquirir alimentos en distintos comercios.
El Gobierno Nacional ha resuelto decretar la transición gradual del programa Jefes y jefas de Hogar hacia uno que: a) promueva el sustento alimentario elemental para familias indigentes; y, b) comience a reinsertar a los desocupados en el mercado laboral. De los 2 millones de planes distribuidos en todo el país, unos 45.000 son beneficiarios entrerrianos..
El Jefes y jefas tiene un presupuesto mensual de 300 millones de pesos y surgió en medio de la crisis de 2001, con Eduardo Duhalde en la Presidencia. El temor de la gestión Kirchner es que este mega programa se perpetúe, razón por la cual se estudian modificaciones de importancia. La ocasión para el desembarco de la iniciativa es la reciente denuncia del intendente de Concordia, Juan Carlos Cresto, de que existirían irregularidades casi en el 30 % de los planes sociales distribuidos en la segunda localidad por peso demográfico de Entre Ríos y un arquetipo de exclusión social a nivel nacional.
Las modificaciones en estudio, determinarían que las mujeres que tengan tres o más hijos pasarán al programa Ingreso para el Desarrollo Humano: recibirán 150 pesos si tienen tres hijos; si tienen cuatro, le corresponderán 175 pesos; con más de cuatro, 200 pesos. Los beneficiarios del futuro programa IDH no deberán realizar contraprestación laboral alguna, sólo deberán presentar el certificado escolar de sus hijos y cumplir con hacerles controlar la salud, sobre todo con los planes de vacunación, además de demostrar estar integrados a los programas de capacitación de educación familiar. La Nación estima que un 65 % del total de beneficiarios del Jefes y Jefas de Hogar son mujeres que, con el IDH, realizarían un aporte al sustento alimentario de sus familias.
Por cuerda separada, los beneficiarios que son considerados “desocupados estructurales” se ha pensado en contraprestaciones comunitarias de cuatro horas diarias y el compromiso de asistir a los programa de capacitación. Aquí, los 150 pesos funcionarían como un subsidio al desempleo.
Al resto, la Nación pretende reincorporarlos al mercado laboral, sea en empresas, en el trabajo formal o a microemprendimientos productivos. El plan Manos a la Obra, recientemente lanzado, contempla unos 25.000 emprendimientos y podría absorber a este sector de beneficiarios que, en el futuro, seguirán cobrando 150 pesos que podría aumentarse con la facturación de los proyectos que tengan en ejecución. En un éxtasis de optimismo, se ha previsto que si aumentaran las ganancias en los emprendimientos que el grupo encare, el subsidio de 150 pesos se iría reduciendo hasta extinguirse. Lo que está claro es que por dos años los beneficiarios no pagarán monotributo.
En tanto, a los 60.000 Jefes y Jefas que tienen más de 70 años (Programa Mayores) y no cuentan con obra social, se les transformará el beneficio en una pensión no contributiva de 168 pesos mensuales, con derecho al servicio de salud del PAMI.
La reforma abarca otros aspectos, tendientes en este caso a contrarrestar el “clientelismo” y el “punterismo” político. Se trata de la tarjeta social, que haría su entrada en escena a principios de junio y de modo gradual. En nuestro caso, la herramienta financiera será Sidecreer. El mecanismo contempla que el Estado deposite el beneficio en la cuenta de cada titular que, al no tener fecha única de cobro (podrá retirar lo que desee en cualquier momento), se reducirá al mínimo la presión que los “intermediarios” puedan ejercer sobre él. La idea es que los desocupados reciban el subsidio por cajero automático y hasta que puedan adquirir alimentos en los supermercados y comercios adheridos. Los montos consumidos tendrían reintegro total del IVA.
Para esa sexta parte de los beneficiarios que habitan en localidades donde no hay cajeros, se contempla que el beneficio se le siga liquidando como hasta ahora y en el futuro se le añadirá el valor del IVA.
