Según explicó, Osuna la iniciativa «propone establecer una normativa que proteja al consumidor de telefonía celular, garantizándole precisión sobre las condiciones contractuales y calidad en el servicio». De prosperar esto, las empresas prestadoras no podrán establecer plazos mínimos para la vigencia del contrato, ni tampoco practicar el redondeo de segundos a minutos exactos para el cobro de las llamadas, entre otros puntos.
A dicho encuentro están invitados el Secretario de Comunicaciones de la Nación, Carlos Salas, el Subsecretario de Defensa del Consumidor, José Luis López, representantes de las empresas CTI Móvil, Movistar, Nextel y Personal S.A., la Cámara Argentina de Informática y Comunicación de la Rca. Argentina (CICOMRA) y representantes de las Asociaciones de Defensa del Consumidor.
Osuna indicó que «este proyecto viene a atender a la preocupación por las fallas en el sistema y el creciente número de quejas y reclamos de los usuarios, convirtiéndose en líder en el ranking de reclamos de los organismos de Defensa del Consumidor».
Cabe destacar que en un informe de la Subsecretaria de Defensa del Consumidor sobre los reclamos registrados en el mes de mayo y conocido días atrás, los referidos a la telefonía celular encabezaron la lista. Este rubro concentró el 35 por ciento de las quejas, mientras que el 25 por ciento de los usuarios se quejó por débito incorrecto o cobro indebido, el 19 por ciento por incumplimiento del servicio.
Según datos del INDEC, el consumo de servicios públicos registró en enero del corriente año, un aumento del 15,4% impulsado principalmente por la telefonía celular. Según este organismo, la cantidad de aparatos aumentó un 42% y alcanzó un total de más de 32 millones de unidades. Las llamadas desde esos móviles también dieron un gran salto, al subir un 24,8% en la comparación.
Las unidades en servicio triplican en cantidad a los de línea fija o residenciales que llegan al 8,8 millones. Al respecto, Osuna consideró oportuno recalcar que el mayor porcentaje de usuarios de celulares, que por diversas razones no pueden acceder a las líneas fijas, son aquellos de mediano o escaso poder adquisitivo que suman el 70% del total.
«Sin embargo – sostuvo la diputada – las firmas operadoras de teléfonos móviles en la Argentina están orientando actualmente la mejora de su facturación a la oferta de servicios para el rango de usuarios de mayor poder adquisitivo y promoviendo la renovación de equipos con más tecnología incorporada». Es por ello, que este proyecto se propone » incorporar la atención en la calidad del servicio de los usuarios en general y considerando a su vez a aquellos que requieren el uso de este servicio por residir en zonas donde la telefonía fija no desarrolló radio de servicios y en consecuencia la móvil se constituye en la única alternativa de comunicación directa».
Tras dar cuenta que el proyecto está enmarcado en las disposiciones de la ley N° 24240 de Defensa del Consumidor, la legisladora entrerriana señaló que en la iniciativa se establecen «las condiciones particulares de la relación prestador-usuario de los servicios de comunicaciones móviles», al tiempo que se definen «los requisitos que debe contener el contrato que une a las partes, que debe ser aprobado por la autoridad de aplicación de la ley».
«Se ha considerado especialmente que una de las quejas más habituales por parte de los usuarios la atención que reciben», continuó explicando Osuna. «Por ello se ha establecido que las prestadoras del servicio de telefonía móvil celular están obligadas a disponer de un servicio de atención personal al cliente, que mejore sensiblemente la situación actual para que deban ser atendidas y resueltas las quejas y reclamaciones derivadas de la relación contractual. A opción del usuario, también se contempla la atención de los usuarios telefónicamente «, acotó finalmente.
