Hasta el momento, la normativa vigente posibilita sólo la reelección a los titulares de los municipios de segunda categoría, o Juntas de Fomento, que son aquellos que tienen entre 1.500 y 5.000 habitantes.
Entre los aspectos más destacados se incluye la incorporación del mecanismo de consulta popular; también la iniciativa popular, para que los ciudadanos puedan presentar proyectos ante el Concejo Deliberante; la posibilidad de que los municipios constituyan consorcios intermunicipales, o con juntas de gobierno, o con la provincia, o con la Nación, o con cualquier otro tipo de asociaciones o sociedades.
Asimismo se incluye la posibilidad de que los municipios adopten medidas para la preservación del patrimonio arquitectónico y cultural, o la facultad para que los municipios puedan de endeudarse a través de la emisión de bonos, títulos, valores u obligaciones negociables para realizar obras públicas.
Otros aspectos destacados son la regulación de un mínimo de 30% de representación de cada sexo en el cuerpo deliberativo municipal; la ampliación de las funciones del viceintendente, que presidiría el Concejo Deliberante; la ampliación del período de sesiones, extendiéndolo a casi todo el año y la posibilidad de que el mandato del intendente sea revocado.
También se excluirá al procesamiento de los jefes comunales como causal de destitución ya que esta circunstancia “ha sido utilizada para la persecución política de quienes están expuestos en el ejercicio de su cargo”, explicó el presidente de la Comisión e Asuntos Municipales, Jorge Bolzán.
La comisión de asuntos municipales está integrada por los radicales Osvaldo Fernández, Eduardo Solari, Alba Allende de López y Rubén Villaverde; los justicialistas Julio Aldáz, Raúl Solanas, Rubén Adami, Ángel Tramontin, Juan Carlos Almada, Enrique Cresto y Bolzán; y el garbinista Juan Domingo Zacarías.
