En el mismo contexto, el letrado señaló que "está pendiente una presentación judicial para que se nos autorice a hacer esa ejecución del convenio", que soluciona el pedido por daños económicos por el manejo de sociedades y la sucesión que interpuso Dolores ante la Justicia. Además, afirmó que están ofreciendo garantías (una parcela de campo equivalente al 50% de lo que le correspondería a Dolores con la nueva distribución de bienes) para garantizar el pago de los honorarios pendientes del otro letrado y levantar el embargo. “Esperemos que haya buena voluntad”, deseó.
Pero más allá del acuerdo, que encarriló la causa en lo que a los delitos de acción privada, el expediente sigue en marcha debido a que existen delitos de acción pública que no pueden solucionarse a través de un entendimiento de partes. “Está el proceso de instrucción e investigación que están llevando adelante la Jueza (Susana Firpo) y el Fiscal (Álvaro Piérola)”, precisó Yofre en APF digital.
Cabe destacar que la causa se tramita por el viejo sistema procesal penal, que no tiene la dinámica del acusatorio que se implementó en Entre Ríos en los últimos años. La investigación en este caso está a cargo de la magistrada y se canaliza mayormente a través de escritos; además, el fiscal que entendía en la causa, Alejandro Cánepa, fue promovido y la acusación pasó el año a manos de Piérola en 2018.
Yofre indicó también que pretendían que el convenio se haga efectivo para retirarse como querellantes en la causa, es decir, para dejar de impulsar como parte interesada la investigación que lleva adelante la Justicia. “En su momento, Dolores hizo aportes a la investigación, aportó pruebas, hizo una declaración testimonial. El expediente está en pleno proceso de investigación”, subrayó y agregó que están “siempre” a disposición de la Justicia para “contestar todo lo que nos pidan”.
El letrado dijo que, hasta el momento, no han sido notificados por la Jueza Firpo de que los hermanos Luis Miguel y Juan Diego Etchevere puedan ser llamados a prestar declaración indagatoria.
El actual secretario de Agroindustria había sido llamado a esta instancia de defensa en febrero de 2018, a pedido de Cánepa, pero la declaración se suspendió a la espera de otras pruebas.
