La impugnación de los senadores Gerardo Morales y Mario Cimadevilla se basa en las “irregularidades” en el trámite de un concurso al que Rodríguez se sometió en el Ministerio Público. Además, cuestionaron su cercanía con el Poder Ejecutivo, ya que el candidato fue jefe de asuntos legales de la ANSES.
Cimadevilla dejó en claro que no se cuestionan los antecedentes del postulante, sino el procedimiento mencionado. “La procuración (de Investigaciones Administrativas) tiene por manda constitucional demandar por la legalidad de los actos. Si observamos que el proceso llevado a cabo se ha apartado de la cuestión legal, nos genera algunas dudas”, precisó el chubutense.
Rodríguez rechazó la acusación y resaltó la idoneidad de los integrantes del jurado del concurso. Además, sostuvo: “Este es el cargo para el que me preparé toda mi vida (…) Creo que puedo hacer una buena gestión (…) La impugnación empaña un momento que para mí profesionalmente es muy importante”.
Justicia Legítima
La lista de pliegos enviados por el Ejecutivo incluye a seis fiscales de la agrupación Justicia Legítima que aspiran a ocupar otros cargos en el Ministerio Público. Por ahora, la UCR puso en duda su apoyo a dos de ellos.
Uno corresponde a Abel Darío Córdoba, aspirante a fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Neuquén. Actualmente, Córdoba se desempeña como titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, creada recientemente por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
“¿Pero si lo votamos, va a ir a Neuquén?”, lo interrogó el senador Ernesto Sanz. El candidato respondió positivamente pero confesó que también podría seguir al frente de la otra Procuraduría, lo que no satisfizo al radicalismo.
El otro objetado por el radicalismo es Federico Guillermo Reynares Solari, aspirante a fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, Santa Fe, Fiscalía N°3, por su opinión sobre el rol de los jueces.
De la misma agrupación se presentó Pablo Fernando Parenti, aspirante a fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires, Fiscalía N°4.
El candidato fue interrogado por el jefe de los senadores kirchneristas, Miguel Pichetto, quien aprovechó para despacharse contra la postura garantista que rige entre los fiscales. Además, el rionegrino le advirtió sobre el crecimiento del narcotráfico en San Martín a los niveles de Rosario.
En su balance sobre el tema, Parenti consideró necesaria la “creación de fuerzas especializadas que trabajen con la fiscalía” y se mostró escéptico sobre la viabilidad de diferenciar el menudeo del gran tráfico de drogas. Implica “sacarse una gran cantidad de causas que no son importantes (…) pero la desarticulación trae bastantes inconvenientes”, opinó.
De Justicia Legítima también fueron respaldados Carlos Martín Amad -propuesto como fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Misiones-, Dante Marcelo Vega -candidato a fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la ciudad de Mendoza, Fiscalía N°1-, y Adrián Jorge García Lois (fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur).
Otros pliegos
La comisión también dio luz verde a las postulaciones de Gabriela Fernanda Boquien (fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal); Miguel Ángel Palazzani (fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Fiscalía N°2); Juan Manuel Domínguez (fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo de la Capital Federal, Fiscalía N°5); y Federico Aníbal Zurueta (fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Libertador General San Martín, Jujuy).
