Desde hace mas de 15 años que la ciudad de Concordia reclama infructuosamente para que se traslade la cabina de Peaje que se erige sobre la ruta nacional 14, al sur del departamento, entre el arroyo Yeruá Grande y el nacimiento de la ruta nacional 18.
En un sinnúmero de ocasiones las voces de la región denunciaron lo abusivo de pagar un canon, para solo transitar unos pocos metros de ruta concesionada.
El reclamo no es nuevo. Lo sorprendente es que el Estado Nacional y la empresa Caminos del Río Uruguay ya se habían puesto de acuerdo en ese punto, según lo documenta la Resolución Nº 342 de diciembre del año 2001, con la que se aprobó la Primera Adecuación del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las Mejoras, Ampliación, Remodelación, Conservación y Administración del Corredor Vial N° 18.
Allí se subraya el “conveniente traslado de la Estación de Peaje Yeruá en la Provincia de Entre Ríos, a las proximidades de la localidad de Bonpland en la Provincia de Corrientes”.
La mencionada Bonpland es una localidad muy pequeña, que cuenta con apenas mil habitantes. Esta emplazada 42 km. al sur de Paso de los Libres, donde un empresario del transporte presentó un Recurso de Amparo en la Justicia Federal para que no se concrete el traslado.
Según argumenta el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) esta traba judicial es el impedimento para llevar adelante la mudanza.
Sin novedades
Esta publicación se comunicó con la firma Caminos del Río Uruguay, Sociedad Anónima de Construcciones y Concesiones Viales, adjudicataria del Corredor Vial Nº 18, que incluye a las rutas Ruta Nº 12, 193, 135, A-015, 117 y la Ruta Nacional 14, denominada General Agustín P. Justo.
Desde allí, el Ingeniero Martin Elizalde, a cargo de la Gerencia de Explotación, reiteró que las últimas novedades llegadas a la firma hacían mención a un freno judicial, pero que desde hace un tiempo considerable que no había notificaciones desde el organismo encargada de comunicarlas, es decir: el OCCOVI.
Elizalde incluso destacó que según sus estimaciones, las cabinas de Bompland estaban construidas desde el año 2002 aproximadamente. Admitiendo que el tema no había sido abordado últimamente por los directivos de la empresa, pero comprometiéndose en profundizar al respecto.
Desde el Estado las noticias tampoco abundan, ya que si bien la senadora nacional Graciela Bar y la diputada nacional Blanca Osuna han insistido con el planteo, ninguna pudo obtener precisiones al respecto.
Hasta el gobernador Jorge Busti aprovechó la audiencia pública del 15 de julio de 2005, donde se discutía la renegociación de los contratos de obras y servicios públicos entre la empresa y el Estado, para pedir que se resuelva el caso de la cabina Yeruá. Planteando que en caso de seguir demorándose, se declare libre de peaje a los vehículos que vienen desde el Norte hacia el Sur, y que luego doblan por la ruta nacional N° 18.
Un planteo en el mismo sentido realizó el diputado provincial Osvaldo Daniel Fernández (UCR) y el titular del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), Francisco Taibi.
Así también resultaron infructuosas las distintas medidas encaradas desde la región, desde donde inclusive llegaron a organizarse marchas multitudinarias hacia las propias cabinas de peaje. Sin olvidar los incontables reclamados formulados por instituciones intermedias como el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia.
El freno legal
La decisión judicial, que la mayoría solo escuchó mencionar, es una medida cautelar determinada por el Juez Federal de Paso de los Libres, Dr. Juan Ángel Oliva, quien hizo lugar a un Recurso de Amparo presentado por José Cetina, dirigente gremial de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros.
El trabajador del transporte se presentó ante el 22 de diciembre de 2003 ante la Secretaría Civil Nº 1, logrando que Oliva hiciera lugar a “la medida cautelar perpetrada. Disponiendo que al previo funcionamiento de esta estación de peaje proyectada en el km 480 del la ruta nacional Nº 14, deberá acondicionarse para su transitabilidad, una ruta alternativa como ser el antiguo trazado de la ruta 40, que corre paralelo al corredor vial Nº 18, entre esta ciudad y de la localidad de Bompland. Debiendo por este planteo liberar en forma inmediata el tránsito vehicular en la zona de obras, estableciendo señalizaciones y garantías de seguridad en el lugar en el que el caso requiera.”
Esa resolución textual de la Justicia Federal de Corrientes permanece vigente, si bien fue apelada tanto por el Estado Nacional como por la empresa Caminos del Río Uruguay, sin que hasta el momento la Cámara en lo Penal de Corrientes se haya declarado al respecto.
ASODECO también dialogó telefónicamente con el Dr. Rómulo Espinoza, abogado de la localidad de Curuzú Cuatiá, que representa a la concesionaria de la ruta 14. Este letrado reconoció que aún no hay una definición en la causa caratulada “Cetina: Contra Caminos del Río Uruguay y Estado Nacional/ Amparo”. Detallando que el último paso dado por la empresa se cristalizó el pasado mes de marzo, cuando presentó una impugnación a una serie de informes periciales. Agregándose a la demora de los habituales tiempos de la justicia, el fallecimiento de la Dra. María Godoy, la cual estaba designada como representante del Estado Nacional en el litigio.
Mientras avanza la autopista
El día 18 de noviembre de 2005 se llevó a cabo en la ciudad de Concordia una
Audiencia Pública que tuvo por objeto informar a la población, organizaciones públicas,
privadas y no gubernamentales respecto de los Estudios de Impacto Ambiental
correspondientes a los proyectos de la autovía Mesopotámica.
La Audiencia Pública se realizó en el Teatro “Auditorium” dirigida por el Coordinador General de las Audiencias Públicas de la Provincia de Entre Ríos, Ing. Andrés Espejo y del Arq. Francisco Taibi, Presidente de la Audiencia Pública.
En aquella oportunidad se insistió con la necesidad de concretar el traslado de la cabina de peaje, solicitud planteada por representantes del Centro de Transporte y del Centro de Comercio, Industria y Servicio.
Ante el reclamo se aclaró que esa cuestión no dependía de la Dirección Nacional de Vialidad, puesto que se trata de una ruta concesionada que se rige por un contrato suscripto con el Estado Nacional, a través del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI).
Por otra parte, se informó que la Dirección Nacional de Vialidad, en el marco del
proyecto de Autovía efectúa el diseño de la nueva calzada en la zona del puesto de
peaje, pero que la ubicación actual de la misma se respeta por no corresponder a su
jurisdicción la facultad de definir la relocalización de las mismas.
Casi dos años después, se confirma que la Dirección Nacional de Vialidad firmó tres nuevos contratos de obra por $ 632 millones, con el objetivo de financiar los trabajos en el tramo de 100 Kilómetros que abarcará la autopista en los departamentos de Colón, Concordia y Federación. ¿Que espina guarda para Concordia esta indudable buena noticia?¿Es la confirmación que se perdió finalmente la lucha por el traslado de la cabina de peaje?
