Miembros de la comisión Bicameral de Derechos Humanos de la legislatura provincial se reunieron ayer con autoridades del Consejo General de Educación a fin de acordar criterios para el tratamiento de una ley que promueva la erradicación de la violencia y el acoso en las escuelas y disponga un protocolo de actuación en tales casos.
Los diputados Martín Uranga y Pablo Mendoza, ambos del bloque del Frente para la Victoria, dejaron en manos de la presidenta del Consejo de Educación, Claudia Vallori, el proyecto que cuenta con media sanción del Senado, de autoría del legislador del departamento Gualeguaychú, Natalio Gerdau, también enrolado en el oficialismo.
La iniciativa será llevada hoy por los legisladores al ministro de Educación, José Lauritto, a quien invitarán a que se sume al debate en comisión que se prepara en Diputados.
“Vamos a convocar a una reunión de la comisión de Educación, junto con la bicameral de Derechos Humanos para tratar este tema, con la participación las autoridades de Educación”, explicó Uranga, presidente de la Bicameral.
En la reunión realizada ayer por la tarde, Vallori entregó a los diputados “una guía de protocolo para actuar en casos de violencia que dictó el Consejo Federal de Educación y una resolución que sacó el Consejo con respecto a cual es el procedimiento para actuar ante cualquier denuncia que haya en las escuelas de acoso o violencia”, contó el legislador a El Diario.
Uranga informó que la idea en el oficialismo es “tener esta normativa para mitad de agosto”. Para la semana que viene esperan un informe de las autoridades de Educación con una opinión sobre el proyecto votado por el Senado, que sirva como punto de partida para la discusión en comisión.
En el Senado
Ante la repetición en la provincia de casos de violencia escolar, el senador Gerdau presentó un proyecto de ley de atención integral para la erradicación de la violencia y la discriminación en el ámbito en estas instituciones, que se conoce como bullying o acoso escolar. Según precisa el proyecto, el fin de la norma será establecer políticas públicas para reconocer, atender, erradicar y prevenir la violencia y la discriminación en el ámbito escolar, estableciendo las bases para la promoción y la convivencia en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades dependientes del Ministerio de Educación, en la provincia. En esa línea, pide derogar la actual ley 9.655.
El proyecto dispone que el Ministerio de Educación será la autoridad que, a través del Consejo General de Educación, promoverá la elaboración y/o revisión de normativa sobre convivencia escolar en cada una de las jurisdicciones para los distintos niveles y modalidades de la enseñanza. Respecto a las sanciones en caso de transgresiones, el texto establece que deberán tener un carácter educativo, enmarcándose en un proceso que posibilite al niño, niña y adolescente o joven hacerse responsable progresivamente de sus actos, según las características de los diferentes niveles y modalidades; deberán ser graduales y sostener una proporcionalidad en relación con la transgresión cometida; y deberán aplicarse contemplando el contexto de las transgresiones en las circunstancias en que acontecen, según los diferentes actores, los antecedentes previos y otros factores que inciden en las mismas, manteniendo la igualdad ante la ley.
Además se las deberán definir garantizando el derecho del estudiante a ser escuchado y a formular su descargo. En ese sentido, estarán prohibidas las sanciones que atenten contra los derechos de los niños, niñas y jóvenes a la educación. La iniciativa propone también una serie de políticas públicas específicas para el fortalecimiento de las prácticas institucionales y jurisdiccionales; así como la creación de un Observatorio Provincial contra la Discriminación y el Acoso Escolar, en el ámbito del Ministerio de Educación, en forma descentralizada. Se prevé que el organismo cuente con un director designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo constitucional del Senado, que dure en su cargo cuatro años.
