El legislador entrerriano anticipó además “su firme avance hacia la comisión de presupuesto y finalmente al recinto, confiando en que cuentan con los votos necesarios para aprobar la iniciativa que reviste de una importancia fundamental para la defensa de los derechos de todos los trabajadores que se ven seriamente amenazados con las políticas de ajuste y aumento del desempleo implementadas por el gobierno de la alianza Cambiemos”.
A continuación sostuvo que este miércoles 20 de abril a las 9, la Comisión de Legislación del Trabajo, dará tratamiento a los numerosos proyectos impulsados por todo el arco opositor, que fueron reunidos en un único proyecto de dictamen, sobre la declaración y ratificación de la emergencia ocupacional, prohibición de despidos y doble indemnización.
Asimismo Barreto manifestó que “es necesario que este proyecto sea tratado de manera urgente a fin de frenar la política que impulsa el gobierno nacional que tiende a aumentar el desempleo, tanto en el sector público como en el privado. Los diputados de todos los bloques de la oposición apoyan el proyecto que ha sido consensuado en un único dictamen. También quiero destacar que contamos con el apoyo de todas las centrales obreras, que se expresaron en Diputados y en el Senado a favor de la iniciativa."
Refutó además, lo manifestado por el Ministro de Trabajo Triaca, quien había afirmado que "la doble indemnización no ayuda a la generación de empleo y que es una señal contraproducente sobre lo que queremos hacer". En este sentido el diputado argumentó que "es falso lo que dice el ministro ya que la Ley no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad al 1° de marzo de 2016, tal como lo establece el art. 15 del Proyecto. Es decir, no se aplica a los trabajadores que se incorporen a partir de esa fecha".
Para la unificación del dictamen se consideraron los proyectos de ley de los Diputados Barreto; Frana; Abraham; Roberti; Moyano; Romero; Donda Perez; Pitrola; Bregman; Grana y Furlan.
ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO DE LEY SOBRE EMERGENCIA LABORAL
El proyecto declara y ratifica la emergencia ocupacional en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2017 y tiene efecto retroactivo al 1° de marzo de 2016 y que la ley resultará de aplicación a todos los trabajadores tanto en el ámbito público como en el privado".
Se establece la prohibición de las cesantías o desvinculaciones dispuestas por el Estado y los empleadores privados. Los despidos realizados en contra de la prohibición serán nulos. Prevé además, en los casos del vencimiento del plazo de los contratos, que los mismos serán renovados automáticamente hasta el 31 de diciembre de 2017.
Se le da la opción, sólo a los trabajadores, de elegir entre accionar judicialmente por su reinstalación en el puesto de trabajo con más el pago de los salarios de tramitación hasta su efectiva reincorporación, o convalidar la extinción del vínculo con derecho a percibir el doble de las indemnizaciones. Se destaca que la acción de reinstalación tramitará por el procedimiento sumarísimo o sus equivalentes en cada jurisdicción, ordenándose cautelarmente la reinstalación hasta que recaiga sentencia definitiva.
Todo empleador que pretenda despedir o cesantear a un trabajador con justa causa deberá previamente pasar por un procedimiento administrativo tendiente a evitar el despido, en cuyo marco la autoridad administrativa convocará a una audiencia a celebrarse dentro del quinto día hábil con la asociación sindical correspondiente según la legislación vigente y el trabajador involucrado. El empleador podrá suspender la prestación laboral, sin pérdida de salario para el trabajador, hasta tanto finalice el procedimiento administrativo.
En este sentido, también se establece que todo empleador que pretenda despedir trabajadores fundado en razones de fuerza mayor, falta o disminución de trabajo que no le fuese imputable, causas económicas o tecnológicas, deberá previamente sustanciar y agotar el procedimiento legislado en el procedimiento preventivo de crisis de la ley 24.013, con independencia de la cantidad de trabajadores afectados.
Finalmente, a fin de respetar el marco delineado por la Constitución Nacional, el proyecto establece la invitación a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la ley en lo que hace al empleo público local en sus respectivas jurisdicciones.
