Se considera que quienes corren “picadas” generan una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas. La misma pena que se le imponga al conductor le será aplicada al organizador de la “picada” y a quien posibilite su realización por un tercero mediante la entrega de un vehículo de su propiedad o bajo su custodia, sabiendo que se utilizará para tal fin.
La diputada destacó que la nueva disposición legal servirá para que los policías y jueces puedan intervenir con mayor potestad, “disponiendo el cese inmediato de la conducta e inclusive el secuestro inmediato de los vehículos, herramienta de la que hoy la sociedad carece”.
Romero también afirmó que “la realización de picadas ocasiona muertes en la Argentina” y que no es necesario que la muerte o las lesiones ocurran para que la ley penal se aplique. “Debemos contar con normas que, ante la mera creación de un peligro, acudan en fuerte respaldo de la prevención que debe el Estado ejercer”, expresó.
“Es necesario evitar que las muertes ocurran y para ello, puniendo severamente las picadas, vamos en marcha, sembrando un fuerte mensaje en la sociedad, imponiendo otros paradigmas en materia de cómo conducirnos en la vía pública”, afirmó la legisladora.
