La iniciativa en tratamiento modifica el Código Civil y Comercial, a fin de mejorar las condiciones de los contratos de alquiler con destino habitacional y evitar abusos. “Sin dudas, el inquilino es el eslabón más débil en la relación”, apuntó Cornelia Schmidt-Liermann (PRO). Entre las reformas que introduce el proyecto, se extiende de dos a tres años el plazo de los contratos de alquiler, y se contempla un mecanismo de actualización anual basado en un índice que promedia los niveles inflacionarios con las variaciones salariales.
Durante el debate, Lipovetzky llamó a priorizar la búsqueda de consensos en lugar de la rapidez en sancionar la ley. “Queremos tener la mejor ley posible, no la que nos venga a apurar”, subrayó, al aclarar que su proyecto es complementario al del Senado. Además, puso como ejemplo que “en una Argentina de 13 millones de pobres, no podemos omitir el tema del alquiler social”, una propuesta propia por la que la Secretaría de Vivienda y Hábitat debería disponer un subsidio a fin de aportar la garantía del contrato de locación para el caso de las viviendas sociales.
Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, señaló por su parte que “hoy está prohibido aumentar el precio de los alquileres”, algo que no se respeta, y advirtió que “los inquilinos no sólo destinan la mitad del salario al pago de alquiler, sino que cada día son más”. En ese sentido, precisó que en la Ciudad de Buenos Aires hay un 35% de inquilinos, y a su vez se registra “una vivienda cada dos habitantes”. “Lo que está fallando es la concentración de las viviendas, porque cada vez hay menos propietarios”, observó.
A su turno, Leandro Vera Belli, del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) coincidió en que “cada vez más hogares resuelven sus problemas habitacionales vía alquiler”, y consideró que el proyecto aprobado en el Senado “es una mejora” con respecto a la situación actual. Al argumentar esta posición, destacó que la extensión del contrato de alquiler a tres años “significa mayor seguridad jurídica en la tenencia del inmueble”, y agregó que “la indexación no puede quedar librada al mercado”, publicó Parlamentario.
El exlegislador Facundo de Filippo, del Centro de Estudios Acción por la Igualdad y el colectivo Hábitat, también acompañó el proyecto de García Larraburu y opinó que “es un piso mínimo” para revertir los obstáculos que padecen los inquilinos, a la vez que reclamó que la ley sea sancionada este año.
También expusieron representantes de cámaras inmobiliarias, la Fundación “Techo”, la Asociación de Inquilinos de La Plata, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro y el Centro de Economía Política Argentina, entre otros.
