La semana pasada, la presidenta del Consejo General de Educación (CGE) Marta Landó dio a conocer las estadísticas oficiales brindadas por el Sistema de Administración de Gestión Educativa (SAGE) para el mes de marzo, con respecto al ausentismo docente. De esos datos se desprendieron dos premisas a las que el Estado, en un trabajo mancomunado con los gremios del sector, buscarán dar respuesta: por un lado, el elevado índice de ausentismo que en Entre Ríos llegó al 17%, más del doble del 8% proyectado en el Presupuesto 2018; por otro lado, la inequidad entre lo público y lo público de gestión privada, donde el ausentismo fue apenas del 3%.
Concretamente, en marzo, por el SAGE pasaron 40.201 docentes de las escuelas públicas provinciales, y 7 mil fueron suplentes. Mientras que, en las instituciones públicas de gestión privada, sobre una planta total de 10.848 hubo nada más que 315 suplentes.
Con estos números sobre la mesa, ElDía accedió a los índices del Departamento Gualeguaychú para el mismo período. Y el resultado fue casi calcado a lo que pasa en Entre Ríos: en las escuelas públicas, de un total de 3.175 docentes, 558 fueron suplentes (17,57%); en tanto que en las de gestión privada, de 1.274, solamente 31 ocuparon cargos de suplencia (2,43%). Estas cifras abonan al análisis de un problema que viene siendo cada vez más grave en todo el sistema educativo argentino: la diferencia existente en la calidad de lo público y lo privado.
Quien opinó sobre el tema fue el senador provincial por Concordia (FpV) Ángel Giano. Lo hizo en el programa radial ElDía desde Cero, donde apuntó concretamente a la necesidad de atacar “el primer eslabón” de este problema, los “certificados truchos”.
“El derecho laboral que se aplica en un caso y otro es distinto. En la escuela pública para despedir a un docente hay que hacer un sumario administrativo, y en la privada se lo despide con una carta documento. Esta situación puede influir en cuanto a la estabilidad laboral, se es más inestable en lo privado”, expresó.
Asimismo, reconoció que es el Estado quien debe controlar y hacerse cargo tanto de los derechos como de las obligaciones de los docentes. Pero “en el caso del ausentismo no hay que dejar de prestarle atención a un elemento clave: el certificado médico trucho. El primer eslabón que hay que atacar es el certificado que no refleja la verdad. Y, lamentablemente, pasa en muchos casos que el médico que firma ese certificado es también un trabajador del Estado”, lamentó el legislador.
En línea con lo expuesto por la responsable del CGE, quien aseguró que se comenzará a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Salud, el de Gobierno, el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser) y los gremios del sector, en la generación de una Comisión de Salud Laboral Docente, Giano rescató el ejemplo de la provincia de Santa Fe, donde la auditoría se realiza “de manera tercerizada”, ya que “es muy difícil que corporativamente un médico controle a otro médico, y que lo controle bien”, argumentó.
Más allá de los números, que son llamativos y preocupantes por sí mismos, lo importante es que las partes involucradas reconozcan el problema. Ahora, habrá que esperar que se pongan a trabajar en el mismo para darle una solución concreta. Eso sí, nadie pretende que esto se dé antes –conciliación obligatoria de por medio– del cierre de las dilatadas paritarias del sector. Por lo que, habrá que armarse de paciencia.
