Ese incremento, que supone un aumento del 36 % del sueldo básico del cargo testigo, el maestro de grado, que pasaría de 305 a 416 pesos, repercutirá con más fuerza sobre aquellas instituciones educativas de la órbita privada que no cuentan con el 100 % del respaldo financiero del Estado para abonar los salarios de su personal. Hoy, ese déficit se cubre acudiendo a la recaudación por cobro de cuotas, aunque en muchas de esas escuelas los recursos ya están sobre exigidos.
En ese caso, Osvaldo Bodean, titular de la Asociación de Escuelas Públicas de Gestión Privada, el “razonamiento es lógico”: las escuelas con complicaciones financieras se “van a ver obligadas a acrecentar sus ingresos. No estamos en contra del aumento que se da a los docentes, pero también es cierto que en caso de que los recursos no alcancen, las instituciones van a tener que recomponer sus números para poder responder a esta nueva grilla salarial”. De no ser el aumento del valor de las cuotas, no vislumbran otro camino de solución, añadió.
“Sucede que aún antes de este nuevo aumento anunciado para los docentes, ya veníamos con problemas —afirma Bodean—. Durante 2006 hubo variación en los costos, y muchas escuelas se vieron en dificultades. Hay que tener en cuenta que para las instituciones educativas el salario docente es el principal costo, pero no el único”.
Los privados quieren que el valor de las cuotas de los colegios acompañe la evolución del salario docente. Según datos oficiales del Gobierno, durante 2005 los haberes de los maestros treparon un 48 %, y entre enero y septiembre de 2006, otro 29 %, a lo que se agregaría el 36 % de incremento en los básicos para 2007.
En contrapartida, los aranceles están congelados desde fines de 2005, cuando el Consejo de Educación autorizó una modificación de las cuotas. En diciembre de 2005 el Gobierno fijó los topes máximos de aranceles, que en escuelas de nivel inicial y de educación general básica (EGB) I y II ronda entre 35 y 47 pesos las cuotas, y en educación general básica (EGB) III y media-polimodal, va desde los 52 a los 70 pesos.
La resolución 4.647 que dio cuerpo a esos incrementos justificó la decisión en función de los sucesivos aumentos salariales otorgados por el Gobierno a los docentes, por lo cual los apoderados legales de los institutos privados “deben hacer frente a los aumentos en los cargos que no cuentan con aporte estatal como así también a los aportes y contribuciones correspondientes”.
