Los radicales habían expresado en esta semana su discrepancia con la idea del proyecto original, al punto que el concejal Pedro Galimberti apuntó que el sistema no los convencía y proponían estudiar una chance diferente.
Pero el justicialismo no le dio tiempo a la oposición que, vale decirlo, aceptaba la existencia de una comisión de esta naturaleza, pero se oponían a «meter la mano en el bolsillo» de los ciudadanos para financiarla.
Galimberti había manifestado a principios de esta semana que el tema estaba en la Comisión de Hacienda y «lo estamos charlando», aunque hizo hincapié en que «creemos que hay algunos puntos que habrá que rever».
Es evidente que la negativa de los ediles justicialistas fue cerrada y, a la luz de los hechos, deben haber rechazado cualquier otra posibilidad que no fuera la que se preveía en el proyecto primigenio.
Galimberti se equivocó ya que había dicho que seguramente se llegaría «a buen término» en las conversaciones con sus pares del PJ, al tiempo que insistía en que «será necesario hacer algunas correcciones» al proyecto original.
Los justicialistas no aceptaron correcciones y las conversaciones no llegaron a buen término. Simplemente se hizo lo que la mayoría quería hacer, algo que por otra parte se encuadra dentro de los parámetros de la democracia.
Pero vale apuntar que el hecho de que la circunstancia sea absolutamente democrática y legalmente justa, no significa que sea plausible.
Aumentar una tasa puede resultar, a primera vista, sencillo, basta tocar el bolsillo de los contribuyentes, flacos en su gran mayoría y en casos casi exánimes- es la decisión más fácil de adoptar pero, seguramente, no siempre la mejor.
