Tras ello, precisó: “La Ley Provincial 10.377 (de agosto de 2015) derogó la Ley Provincial 8622 (del año 1992), con lo cual la Ley 7.046 que regula los honorarios y aranceles profesionales recuperó su carácter de orden público, esto quiere decir que la regulación de cualquier honorario es establecida por el juez que interviene en la causa y de acuerdo a como dice la ley no pudiendo sobre ello haber un acuerdo entre parte distinto”.
En tal sentido, “el Decreto N° 1559/2016 GOB, en línea con la Ley N° 10.377, en el art. 7 del Anexo II establece que en materia de honorarios los del procurador se regirán por la ley de aranceles vigente, esto es por la Ley 7046 con la modificación introducida por la Ley 10.377”, agrega.
Para aclarar que “a partir de tal modificación, la Resolución 197 de 2012 de ATER, vigente hasta entonces, se convirtió en una norma inaplicable y fuera del marco legal vigente. Por ello fue derogada por la Resolución 313/16, a partir de lo cual la ATER dejo de ser la cobradora de honorarios de los abogados”.
“Es importante resaltar que en el actual esquema cualquier contribuyente que quiera pagar sus impuestos, puede concurrir a las oficinas de la ATER y hacerlo (o hace un plan de pagos), sin necesidad la autorización o previo pago de los honorarios de abogado alguno. Si algún abogado pretende otra cosa, se insta desde ATER al contribuyente que formule la denuncia por escrito a fin de tomar medidas. No obstante, también es importante destacar que quien es apremiado por falta de pago de sus impuestos, es porque no se avino a hacerlo en las varias oportunidades anteriores que tiene para hacerlo”.
Más adelante el organismo agrega: “En virtud de la Ley 10.377, llegado el caso de realizarse una determinación de honorarios a instancias de un juicio de apremios, es un Juez quien determina los honorarios y no la ATER”.
“Contrariamente a lo puesto en cuestión, y por expresa instrucción del Sr. Gobernador de la Provincia, esta gestión de ATER ha promovido una batería de acciones en pos de un organismo transparente y con una articulación dinámica con el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Estas medidas han implicado sobretodo exigir que los procuradores rindan cuentas de su labor de cobro de los créditos fiscales que le pertenecen a la provincia y no a ningún profesional, lo cual evidentemente ha tocado intereses y genera reacciones que se han ido deslizando desde hace un tiempo en los medios de manera llamativa”.
En tanto, “en materia de controles y seguimiento de las planillas de apremio fiscal, se han venido intensificado las acciones de seguimiento de casos, el establecimiento de nuevos parámetros de asignación e incluso se han elevado informes a los organismos de contralor dando cuenta decenas de acciones, políticas y normativas que, lejos de significar un retroceso significan un claro e importante avance en materia de controles sin precedentes”. “Obviamente que un Pedido de Informes es un trámite habitual, por lo cual de ser aprobado se dará respuesta de la forma pertinente y como es habitual. No obstante, llama la atención la mediatización que se hace de este instrumento, peor aún el planteo parte del desconocimiento, preocupante para un presidente de bloque, o bien desde una intencionalidad que evidentemente sería política y electoral”, concluye el comunicado
