«Póngase en conocimiento de la magistrada interviniente a los efectos que estime pertinente y hágase saber, asimismo, que la totalidad de los informes se encuentran a disposición para requerir las copias que le sean de utilidad», señaló Martínez De Giorgi.
En la captura de pantalla que forma parte de una pericia hecha por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación se ve un chat de la aplicación de WhatsApp tomada del teléfono de Morel en donde una interlocutora, «Dali Revolución», escribió: «Yo no estoy en el grupo pero costa conmigo la actividad bala tengo unas ganas de usar mi 9mm”.
El mensaje, según la pericia, fue enviado el 27 de agosto de 2022, 5 días antes de que Fernando Sabag Montiel intentara matar a la Vicepresidenta.
En la pericia se recuperaron otros tres mensajes enviados desde la misma línea entre julio y agosto de 2022, con otras alusiones al arma de fuego.
«Lo que fue agresivo fue el mensaje de amenaza de muerte (… ) Que no es una mala idea tengo una 9 mm cualquier cosa me avisan”, dice uno de ellos, enviado el 22 de julio como respuesta a un video titulado «Manifestantes autoconvocados amenazaron de muerte a Cristina Kirchner. Arrojaron basura y patearon las puertas de la sede del Instituto Patria. Las amenazas se suman a una serie de ataques que viene sufriendo la vicepresidenta”.
El juez no hizo lugar al pedido del fiscal
El juez Marcelo Martínez De Giorgi recordó que los mensajes ya fueron considerados «en el informe correspondiente al análisis del contenido del teléfono de Jonathan Morel efectuado por la P.S.A., incorporado al Sistema Informático con fecha 19 de diciembre de 2022».
Además, remarcó que la Cámara Federal porteña «ya ha zanjado la cuestión relativa al contenido discursivo de los mensajes intercambiados por los imputados y terceras personas, a lo que se suma que se trata en este caso concreto de manifestaciones vertidas en una conversación privada» por lo cual no hizo lugar a lo pedido por el fiscal.
Pollicita había pedido individualizar a la titular de la línea telefónica desde donde partieron esos mensajes, establecer si es legítima usuaria de armas y disponer un entrecruzamiento de llamadas, pero las medidas fueron denegadas por el juez.
