Milman designó a Manuel Barros, que supo ser abogado de Gendarmería y habría tenido participación como letrado en el caso Maldonado, según afirmó en su cuenta de Twitter Sergio Maldonado, y la jueza federal María Eugenia Capuchetti lo tuvo por aceptado, informaron a Télam fuentes judiciales.
La decisión de Milman, que no está formalmente imputado en el expediente, sorprendió en los tribunales federales de Comodoro Py, donde fuentes judiciales explicaron que ahora el diputado nacional quedó bajo la figura de lo que podría entenderse como una «autoimputación».
«Oportunamente, y sin perjuicio de destacar mi ajenidad absoluta en el hecho que aquí se investiga, teniendo en cuenta que durante el curso de la investigación, en forma sistemática, se viene intentando vincularme de algún modo con la comisión de tal suceso, me presenté en autos a estar a derecho y designé abogado defensor de mi confianza frente a las acusaciones disparatadas, pero acusaciones al fin, que la querella viene formulando en este expediente (y también en forma pública)», sostuvo Milman en la presentación a la que accedió Télam.
De esta manera, el legislador podría pedir acceso al expediente en el que se lo investiga y en el marco del cual el próximo 22 de junio la Cámara Federal porteña hará una audiencia de manera previa a decidir si ordena que se secuestre su teléfono celular para ser peritado.
Capuchetti se había negado a disponer esta medida pedida por la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner porque Milman no está imputado en la causa.
Esta decisión fue apelada y el Tribunal de Apelaciones convocó a la audiencia presencial que se realizará ante los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
