Además de declararse en estado de alerta, ATE envió una nota al mandatario en la cual le solicitó una “urgentísima” audiencia, y le expresó que la observación de la ley es “un retroceso”. En cambio, la dirigencia de UPCN tomó con optimismo la noticia, confiada en que no se modificará la estabilidad del empleado público, el escalafón y las convenciones colectivas de trabajo.
En la nota dirigida a Busti, el Consejo Directivo Provincial de ATE manifestó ayer que “con asombro” tomaron conocimiento del veto. Y rechazaron los argumentos señalando: “En modo alguno hay creación de organismos burocráticos y mucho menos lesión de facultades constitucionales del Ejecutivo, temas que fueron debatidos en forma amplia oportunamente”.
Teresa Figueroa, dirigente de UPCN, dijo que el gremio espera “con expectativa” que Busti los convoque, para “ver cuáles son los artículos que va a vetar”. “Creemos que por la apertura al diálogo que ha existido siempre, no será algo que haga perder el espíritu de la ley”, indicó Figueroa, pero advirtió que seguirán “siendo custodios de que no se vulnere el espíritu de proteger al trabajador, el escalafón del empleado público y las condiciones para ingresar y permanecer en la administración pública”.
El gobernador confirmó en los últimos días el veto, dado que el Régimen Jurídico contempla la creación de “tribunales burocráticos y algunas disposiciones que se contraponen con las disposiciones constitucionales vigentes”.
Sin embargo, dijo que se promulgará “la parte fundamental, que es la carrera administrativa del escalafón y la discusión de las convenciones colectivas de trabajo”.
Además señalaron que el cuestionado Consejo de la Paritaria Estatal, creado en por la ley, brinda “más garantías de no ser juez y parte” en las negociaciones entre el gobierno y los gremios; y que los tribunales administrativos (Jurado de Concursos y Tribunal de Disciplina) “son la concreción de un mandato del artículo 21 de la Constitución provincial” y “de similar importancia al Consejo de la Magistratura, y nadie puede argüir que dicho Consejo fue la creación de otro organismo burocrático”.
Los dirigentes de ATE le recordaron a Busti que estos temas fueron conversación, y que en una audiencia del 15 de agosto “el compromiso asumido fue el de introducir las correcciones a la media sanción que había efectuado Diputados, entre las cuales estaban las que hoy serían objeto del veto”.
Por último, antes de solicitar “una urgentísima audiencia”, expresaron que ante un proyecto donde hubo diálogo y consensos “un veto, además de injustificado, es un retroceso”.
