ATE sostiene en la misiva enviada que “Como primer planteo, rechazamos el excesivo gasto que compromete las arcas provinciales. Mientras el nivel salarial de la mitad de los estatales se encuentra debajo de la línea de pobreza, extienden un presupuesto acordado de $17.000.000 a un gasto definitivo de $32.000.000; que no condice para nada con el articulo de responsabilidad fiscal introducido en la constitución sancionada; “has lo que yo digo, no lo que yo hago”. Artículo contradictorio, porque mientras se jactan de haber sancionado una constitución de neto corte social por el contenido de sus articulados, deja a la carta magna provincial librada a una condición financiera. De nada le sirve a un entrerriano que sean contemplados sus derechos a la salud, a la educación o a la protección de la minoridad, si a pesar de cualquier urgencia, todos esos derechos van estar condicionados por la capacidad presupuestaria del Estado y su Responsabilidad Fiscal.
Además los Trabajadores Estatales debemos considerar que no podemos concurrir a la jura de una constitución que atacaremos por ilegal; ya que el organismo arbitral para la Negociación Colectiva y la resolución de los conflictos de los Trabajadores del Estado que reforma el Artículo 42º inc. H) de esta, establece un organismo administrativo único con competencia provincial y municipal para la mediación, conciliación y arbitraje, perdiendo su condición de imparcialidad, porque el Estado será juez y parte.
Los Convenios Internacionales de la O.I.T. Nº 151 y 154, que hoy integran nuestro derecho Nacional son desconocidos por nuestra Constitución Provincial, ya que se establece claramente como principio de derecho colectivo para todos los empleados públicos del país que “la solución de los conflictos colectivos deberán arribarse por medio de la negociación entre las partes mediante procedimientos independientes e imparciales tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos del modo que inspiren la confianza de los interesados”.
No obstante esto, se debe destacar la labor de convencionales que denunciaron estas situaciones y defendieron la posición con total integridad e imparcialidad por sobre los acuerdos de bloques”.
