“Este accionar, que generó zozobra en trabajadores y jubilados, debe ser sancionado y fundamentalmente regulado por parte del gobierno, que es el principal responsable por la relación de cautiverio que mantienen los estatales entrerrianos con respecto al agente financiero”, se indicó en la nota.
La reunión se caracterizó por el unánime rechazo a la medida implementada por el agente financiero. Alrededor de 20 organizaciones que representaron a sindicatos estatales y docentes, centros y federaciones de jubilados, elevaron ante los ministros de Economía, Diego Valiero; de Gobierno, Adán Bahl; de Trabajo, Guillermo Smaldone; y el director ejecutivo de la Unidad Operativa de Control del Agente Financiero, Pablo Giampaolo, el rechazo a la modalidad con que se impuso la medida y puntualizaron los innumerable reclamos y consultas que suscitó en las bases de cada institución.
ATE y el Centro de Jubilados del sindicato destacaron que es el gobierno quien debe intervenir en tanto y en cuanto es el responsable de la contratación del agente financiero, así como los sindicatos y centros y federaciones de jubilados lo son de resguardar los derechos de sus afiliados.
Como paso posterior, una vez finalizada la etapa de distribución de las nuevas tarjetas, el agente financiero podrá ofrecer todo el paquete de negocios que es inherente al cambio, brindando toda la información al trabajador o jubilado. Entre las situaciones que se mencionaron como preocupantes para los usuarios de las tarjetas, se mencionó la seguridad del nuevo sistema que se está implementando.
En ese sentido se indicó que para utilizar la nueva tarjeta en los comercios no se solicitará más la clave numérica personal o PIN, con la consecuente preocupación ante la pérdida o robo de la tarjeta; en este caso el poseedor de la misma queda en una situación de mucha vulnerabilidad, ya que la mayoría de los comercios no piden el correspondiente documento de identidad al portador de la tarjeta.
Si bien la reglamentación del uso de la tarjeta por parte de los comercios adheridos los obliga a la constatación de la identidad del poseedor de la tarjeta y a la firma de la operatoria, la entidad bancaria no ha hecho pública esta situación ni ha informado sobre el grado de responsabilidad del comerciante que incurriera en esta falta.
