La convocatoria la confirmó el gobernador, Sergio Urribarri, el viernes poco antes de que los gremios docentes confirmaran que comenzarían hoy las clases.
Desde los gremios de trabajadores del Estado se observó con atención esa negociación, ya que pretenden que el monto mínimo acordado con los docentes se convierta también en el piso de la propuesta para el resto de los trabajadores públicos.
Sobre este punto, Urribarri advirtió que para estos aumentos la Provincia no tendrá la ayuda de la Nación, como sí ocurre en el caso de los docentes. En este sentido, desde el gobierno se indicó que las palabras del gobernador indicando que habría “similitud” con la oferta realizada a los docentes, tiene que ver con que será similar el esfuerzo realizado por la Provincia.
Pese a esto, desde los gremios se señala que los 1.740 pesos de salario mínimo garantizado a los docentes será el piso del que intentarán partir en la discusión. Así lo indicó el titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Miguel Pelandino. “Para nosotros el panorama no cambia por la incidencia del aporte nacional….. queremos que los parámetros de la negociación con los docentes sean los mismos que para la que se mantenga con nosotros, más allá de que en los hechos estamos un poco por debajo, ya que nuestro mínimo garantizado es hasta ahora de 1.470 pesos y los docentes tenían eso más el incentivo”, señaló.
Desde ATE se anticipó que exigirán que el aumento sea “remunerativo y bonificable para superar el achatamiento que ha venido sufriendo el escalafón” debido a mejoras que tienen mayor impacto en los salarios más bajos. “Al ser remunerativo y bonificable aquellos que tengan antigüedad y, dentro del escalafón categorías importantes, podrán tener una diferencia con el que recién ingresa”, explicó Pelandino a diario Uno.
Cuando se discutió el aumento para los docentes, desde el gobierno provincial se enfatizó el carácter remunerativo del mismo, de modo que las mejoras impacten también en los haberes de los jubilados. En este sentido, a diferencia de años anteriores, rige también una disposición constitucional, surgida en la reforma de 2008 que obliga a que los aumentos salariales tengan esta característica.
De todos modos, la negociación tendrá un nivel de dispersión mayor que la de la semana anterior con los docentes, según se anticipa. Incluso el ministro de Economía, Diego Valiero, había anticipado que habrá propuestas diferenciadas para cada sector, dado que cada uno tiene un mecanismo diferente de liquidación y, por lo tanto, también tienen diferentes incidencias los códigos que se modifican.
UPCN
Desde la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) se manifestó cautela respecto de cuál será la oferta del gobierno. En el gremio que lidera el diputado justicialista José Allende entienden que tan importante como el monto del aumento es definir la posibilidad de diseñar una política salarial para el resto del año, entendiendo que en el mejor de los casos lo que el gobierno ofrezca esta semana alcanzará para corregir la distorsión generada por la inflación durante el año y medio en que no hubo aumentos.
El último plenario de delegados de UPCN había fijado un paro de actividades para el 19, que podría quedar sin efecto si el aumento satisface las expectativas. En esa oportunidad, Allende había sostenido que el incremento no podía ser menor al 18% o 20%, añadiendo además el reclamo de pautas salariales. “Si nos dan aumentos, pero no pautas salariales, pasa el tiempo, la inflación nos devora y los sueldos quedan deteriorados”, explicó.
En el gremio también quieren discutir la situación de los trabajadores contratados, la convocatoria de las convenciones colectivas de trabajo y la planificación de la forma en que se aplicará el nuevo escalafón para los empleados públicos, según se indicó.
Judiciales
Desde el gremio de los judiciales, que también ha realizado plenarios y pedidos de audiencia a las autoridades provinciales, se observa la convocatoria con expectativa. Al ser consultado acerca del porcentaje que plantea el sector para la recomposición de haberes, el titular de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) Florentino Agostini, sostuvo que debería pedirse una recomposición “del 60% si se tiene en cuenta la manera en que subieron los precios (…) Pero estamos abiertos al diálogo, lo que esperamos es que el gobernador Urribarri entienda que el empleado no vive de obras públicas”, indicó.
Los viales
Tampoco los trabajadores viales quedan fuera del reclamo. La semana pasada el titular del gremio, Juan Carlos Lallana, había dicho que “nadie en su sano juicio puede desconocer la necesidad urgente de un aumento de sueldo para los trabajadores, que han visto esfumarse el poder real de lo que cobran por su tarea”.
En ese sentido, aseguró el dirigente vial que “los costos de vida han superado cualquier expectativa y deprimido notoriamente el poder de los salarios, ya afectados por el largo período de estancamiento, sin que se produjera ninguna recomposición que estabilice mínimamente la situación”.
Fuente: Uno
