La medida se enmarca en las reivindicaciones planteadas y los reclamos presentados al gobernador Gustavo Bordet y a los diferentes gobiernos municipales entre los cuales se detallan: un mínimo igual a la canasta básica de $ 17.000 que incluya a todos los trabajadores, tanto suplentes, extraordinarios, contratados de servicio y de obra.
Además, una recomposición salarial del 23 %, la anulación del decreto Nª 384/18; el cumplimiento de los pases a planta permanente y estabilidad laboral, la regularización de la planta precarizada y un seguro por accidentes para contratados de obra, el instructivo de recategorizaciones y su cumplimiento a la brevedad, la reglamentación del Régimen Jurídico Básico, el rechazo al Pacto Fiscal, la defensa de la Caja de Jubilaciones y del 82 % Móvil.
Otro de los puntos que se exigen es la erradicación definitiva de la violencia laboral sufrida en su mayoría hacia las trabajadoras de parte de algunos funcionarios, acciones que han sido denunciadas y hasta la fecha no se han obtenido respuestas.
“Resulta necesario en estos momentos reforzar la lucha y el compromiso en lograr fundamentalmente un salario que permita a los trabajadores del Estado vivir dignamente pudiendo hacer frente a todas las necesidades que surgen en el seno familiar”, resaltaron.
