El plenario de secretarios generales de ATE, “como consecuencia de la sordera” del gobierno que no habilita a la discusión paritaria que permita recomponer los magros salarios de la administración pública de la provincia, definió profundizar las medidas que se fueron adoptando en pos de arrancar al gobierno una urgente recomposición salarial.
El cónclave resolvió un plan de acción, que se coordinará en el marco de la CTA provincial en el espacio compartido con Agmer y otros gremios privados y movimientos sociales. La próxima acción se llevará a cabo el 26 y 27 de noviembre con un paro de 48 horas, cuando en la primera jornada se le dará marco a la movilización estatal que dirigirá la protesta a la Casa de Entre Ríos, en Buenos Aires.
No obstante esta coordinación, ATE planificó hasta fin de año otra acción provincial consistente en asambleas y retenciones de servicio, según las características de cada localidad y repartición.
Además, el plenario resolvió que durante diciembre ATE realizará una jornada de protesta en el evento internacional del Mercosur que tendrá lugar en Paraná y al que concurrirán los mandatarios de los países integrantes y la prensa nacional e internacional.
Los secretarios generales concluyeron que Urribarri evidenció al beneficiar al sector industrial, determinando aplicarle Ingresos Brutos cero para la actividad fabril y las bajas en la alícuota de la Ley 4035 contrarrestando a dar aumentos de salarios a los sectores más postergados de la administración pública, su clara política a favor de los sectores económicos.
Ante la negativa de otorgar aumento de emergencia, “haciendo oídos sordos a un importante sector de la sociedad, el cual es un generador y sostenedor permanente de la dinámica del mercado interno –como quedó evidenciado cuando Montiel no pagó sueldos estatales o pagó en federales, ocasionando el quebranto del sector mercantil-; ATE determinó proseguir con sus acciones gremiales determinadas en el pasado plenario del mes de setiembre”.
Nuevamente los secretarios generales de ATE de toda la provincia, repudiaron la acción del gobierno de Uribarri de favorecer a los sectores del capital más concentrado, como lo demuestra en la acción de exceptuarlos del pago de impuestos y aportes en desmedro de los trabajadores del estado provincial.
