“Las autoridades de la Universidad nos han dicho que no hay fondos a partir de septiembre para seguir funcionando…”, fue una de las manifestaciones de Griselda Anzola, secretaria adjunta de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios, al formular declaraciones respecto de las probables medidas de fuerza que iniciaría Conadu.
Al respecto, el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) Eduardo Asueta, respondió que “la situación presupuestaria es complicada porque los incrementos para gastos de funcionamiento no han existido este año”. No obstante, acotó que “tenemos el compromiso del Ministro de Educación de la Nación acerca de que serán otorgados 140 millones de pesos de refuerzo a todo el sistema universitario, y con eso estaríamos recomponiendo el presupuesto”. De inmediato, advirtió que “eso no ha pasado de ser una promesa del Ministro, así que no se puede considerar resuelto”.
Más adelante, y a propósito de las consultas periodísticas, Asueta aclaró que él no había manifestado la situación hecha pública por la dirigente gremial. “De todos modos, si no se llegan a concretar estas medidas que están en curso, la situación financiera de las universidades va a ser complicada”, expresó.
A pesar de admitir la dificultad, insistió que “no estamos determinando ninguna suspensión de actividades por esta situación”. Enfatizó que “no significa de ninguna manera que la Universidad vaya a cerrar sus puertas en septiembre. Se está cumpliendo puntualmente, la Universidad no tiene ninguna deuda: las obligaciones, las becas, todo se liquida en el tiempo normal; los salarios se están pagando el primer día hábil del mes siguiente”.
Quedó claro asimismo que la situación no es sorpresiva. Por el contrario, “era previsible -dijo-, desde el momento que se aprobó el presupuesto nacional para el 2007, que resultaba insuficiente para los gastos de funcionamiento”. Recordó que fue esa realidad la que “generó un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional, mediante acuerdo plenario, pidiendo un refuerzo de parte del Ministerio”.
Si bien esa remesa aún está pendiente, mensualmente, las transferencias de fondos para gastos de funcionamiento se incrementaron con lo cual, “es previsible que la promesa ministerial se cumplirá”, confió Asueta porque, de otra forma, “no estarían girando más fondos de lo que significa la proporcionalidad de cada mes”.
Lo cierto hasta el momento, es que el compromiso del refuerzo de 140 millones de pesos para distribuir proporcionalmente entre todas las universidades nacionales está tomado pero, aún no existe la correspondiente resolución que asigna los fondos. Y, a la remisión de esos recursos está supeditada la finalización del ciclo lectivo con todos los gastos de funcionamiento cubiertos.
Tampoco es nuevo el origen de este complejo panorama. “Nosotros apoyamos enfáticamente la Ley de Financiamiento Educativo que preveía un incremento real llevando el porcentaje del 4,7, del 2004, al 6 % en el 2010. Pero ocurrió que cuando esta norma fue aplicada hacia las universidades se tomó como base el 2004, y a partir de allí comenzaron a aplicarse importantes aumentos salariales que prácticamente absorbieron el incremento que nos otorgaba la norma”, explicó a El Diario.
Sucedió que “no se contempló que existía un desfasaje tan grande en todo ese período -los sueldos estuvieron congelados de 1993 a 2003-, lo que realmente hizo que el aumento fuese absorbido por los incrementos salariales que eran necesarios y fundamentales”.
Asueta también explicó que en realidad, las universidades han tenido incrementos por encima de lo que dispone la ley porque la norma no preveía los fondos necesarios para hacer la recomposición salarial sobre la que se avanzó y para mantener el nivel adecuado los gastos de funcionamiento. “Lo que ocurrió es que sólo pudieron sostenerse los gastos vinculados a las remuneraciones pero no los otros componentes del presupuesto”, puntualizó.
