El planteo de la defensa surge a partir que la escala punitiva del delito de Asociación Ilícita, tiene una mínima de 3 años, lo que, de presumir que las acusadas fueran condenadas pro el mínimo previsto, podrían contar con el beneficio de la libertad condicional. Sin embargo, ante el pedido de la defensa de María Marcela y Camila Lauría, representadas por Oscar Bacigaluppe, al que adhirió la defensora de Silvina Lauría, Paula Buktenica; el Fiscal Anibal Lafourcade se opuso, señalando que la condición socioeconómica de las imputadas, y por su nivel de educación, agravan su situación y señalan que no podrían recibir el mínimo de la pena.
Por otra parte, Lafourcade señaló el daño provocado, debido a que el tipo de estafa que se investiga, configura un doble daño porque le ocasiona además a los damnificados una deuda con el AFIP, y al titular del estudio contable una deuda con sus clientes.
El juez Bastian, resolvió no hacer lugar al reclamo de la defensa y remitir la causa a juicio, lo que se concretó tras la discusión de la prueba que ofrecieron las partes.
La defensa interpuso recurso de casación de la resolución.
