La delegación local hizo hincapié en la existencia de ese dictamen tras la difusión de casos en Paraná referidos a la interrupción del beneficio a quienes tienen hijos que asisten a escuelas públicas de gestión privada.
Anselmo Sella, a cargo de la Defensoría nacional, destacó que la norma que crea la Asignación Universal establece que debe acreditarse el cumplimiento del ciclo escolar en establecimientos educativos públicos, lo que margina de hecho a quienes concurren a colegios de gestión privada. “Nuestro objetivo es contribuir a solucionar las solicitudes provenientes de familias de escasos recursos que bregan para que sus hijos continúen sus estudios en establecimientos que, si bien son privados, reciben asistencia del Estado para aliviar el aporte que deberían realizar”, aseguró Sella.
Así, mediante resolución Nº 36 de abril de 2010, la Defensoría del Pueblo de la Nación recomendó “al Jefe del Gabinete de Ministros la implementación de mecanismos tendientes a ampliar los alcances del decreto Nº 1.602/09 y de la resolución de la Anses, con el objetivo de incluir a niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina cuyos beneficiarios no perciben la asignación familiar prevista por la ley en tanto no alcanzan un ingreso equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil, y a todos aquellos que concurran a establecimientos educativos de gestión privada con subvención estatal y bajos aranceles”, consigna un comunicado emitido por la sede local.
