El domingo, en la tercera sesión consecutiva de la Cámara de Diputados, la continuidad del proceso institucional con el que se pretende derrocar a Dilma Rousseff tuvo una mayoría de 367 votos, por lo que ahora el expediente fue girado al Senado.
La mandataria brasileña está acusada de haber alterado las cuentas fiscales con la intención de 'maquillar' la situación económica de país, de modo que el déficit no afectase la campaña electoral, lo que es calificado como un "crimen de responsabilidad".
Ahora tocará al Senado decidir sobre la suerte de Dilma, en sesión que se llevará a cabo en mayo próximo: si su destitución obtiene mayoría simple, Rousseff sería automáticamente apartada del cargo provisionalmente, hasta 180 días, mientras se la juzga en la cámara alta.
Finalmente y presidida por el titular del Tribunal Supremo Federal, la destitución de Rousseff sería aprobada si dos tercios de los senadores votan a favor de la misma, por lo que no sólo debería abandonar el mandato sino que además tendría prohibido presentarse como candidata a cualquier cargo durante ocho años.
En ese caso y hasta la finalización del mandato correspondiente hasta el 1 de enero de 2019, quien asumiría la presidencia es el vice Michel Temer, del PMDB, partido exaliado que rompió con el PT hace apenas unas semanas, cuando tuvieron certeza de que avanzaría el 'impeachment'.
Un golpe institucional, por cierto, que tiene su caja de resonancia en el Congreso pero que tiene su cerebro y corazón en los monopolios brasileños y en la derecha que los encarna políticamente.
