“Lo que venimos diciendo desde hace bastante tiempo, inclusive con otras obras sociales en la provincia de Entre Ríos y con el ministerio de Salud de la provincia, es que el sistema de salud está bastante complicado; estamos en crisis”, dijo Cañete a Radio Ciudadana (FM 89.7).
“Esto nos afectó muchísimo. Afectó al sistema. Lo que uno tiene que hacer es generar políticas que nos permitan tener los anticuerpos para defender al sistema de salud. No puede ser que el interés personal este por encima del interés colectivo”, dijo.
“En este momento estamos discutiendo un amparo por un medicamento que vale $ 3 millones que es de por vida. Y ayer hemos recibido el pedido de un medicamento que vale U$S 1.200.000 por mes y es de por vida. Es el mismo medicamento que afecto a la obra social de comercio hace 15 días atrás”, dijo Cañete.
En efecto, el 12 de septiembre pasado, la Justicia Federal de Paraná ordenó el embargo de las cuentas de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac) en un importe superior al millón de dólares en el marco de un amparo presentado por la mamá de dos nenes de la zona rural de Hasenkamp, diagnosticados con atrofia muscular espinal y a quienes su médica tratante les prescribió una medicación que la obra social se negó cubrir, según publicó El Once.
Se trata del medicamento Nusinersen (Spinraza) 12 mg/5ml, recetado por la neuróloga infantil Lilia Edith Mesa. Nancy Mercedes Facttor, la mamá de dos gemelos de 12 años, inició en noviembre la tramitación en la Osecac y pidió cobertura del 100 % para la aplicación de 8 dosis. La medicación entonces tenía un costo de 1,1 millones de dólares. Con el argumento del excesivo costo y el riesgo de afectación a la cobertura del resto de los afiliados, Osecac se negó a esa cobertura.
“Es la segunda vez que lo tenemos. La primera vez que se solicitó en todo el trámite de la cobertura el chico falleció”, dijo Cañete. A comienzos de marzo de 2018, murió Tiziano Cáceres, el nene de 4 años que esperaba una medicación del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), petición que se judicializó y que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde el caso estaba en tratamiento mientras se produjo el desenlace fatal. La batalla legal de la familia de Tiziano se había iniciado en agosto de 2017. Tiziano Cáceres pedecía de atrofia muscular espinal (AME) Tipo 1, y según le habían dicho los médicos a su familia, el modo de mejorar su calidad de vida era mediante la utilización de un medicamento costosísimo.
“Y ahora entró ayer nuevamente el pedido para otro afiliado. Son medicamentos que no tienen evidencia científica y que responden única y exclusivamente al lobby empresarial, de los laboratorios. Y las obras sociales tenemos que pagarlos. Lo que estamos diciendo es: ‘vamos a juntarnos, vamos a defender el sistema de salud’. Es lo que hablamos permanentemente con la ministra de Salud. Porque el sistema de salud está colapsado y en cualquier momento se desploma”, dijo.
No obstante, en marzo pasado, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autorizó el registro de un costoso medicamento (Spinraza) para el tratamiento de la atrofia muscular espinal (AME), una enfermedad neurodegenerativa sin cura.
Más adelante, el presidente del Iosper dijo que se debe trabajar fuerte para los servicios esenciales que necesitan los afiliados: sanatorios, el acceso a los tratamientos con los profesionales, preservar la atención de los anestesistas, bioquímicos y los medicamentos. “Todos estos elementos nos dan la tranquilidad que, cuando está en riesgo la vida de un afiliado, se pueda solucionar”, dijo.
Respecto de los demás gastos, en especial los aranceles, sostuvo que se van a pagar los valores provinciales. “No tiene nada que ver un valor provincial con un valor nacional. Los centros de mayor complejidad en Buenos Aires tienen un valor totalmente distinto a los que tiene Entre Ríos. Para tener una idea, una persona que está amputada y que necesita hacerse limpieza nosotros estamos con valores como gastos sanatoriales, anestesistas y honorarios en $ 80.000 y en otros lugares la base es de $ 400.000”, dijo.
En cuanto a las cirugías, dijo que no van a autorizar ninguna derivación si la intervención quirúrgica se puede realizar dentro de los límites de la provincia. De hecho, dijo que Iosper es una obra social provincial y los afiliados deben entender que se deben atender en Entre Ríos. solamente se autorizarán la atención de patologías que no se puedan resolver en la provincia. “Por ejemplo, algún trasplante”, señaló.
De la misma forma, manifestó que van a revisar la “conducta prescriptiva” de algunos profesionales dado que ponen en peligro los recursos de la obra social al recetar medicamentos que insumen un costo importante. “Le exigimos el cumplimento estricto de la ley nacional de medicamentos. Por eso la prescripción que vamos a recibir es pura y exclusivamente de la monodroga y no de la marca comercial. Insistimos con que lo que cura es la droga y no la marca. Vamos a rechazar todas las recetas que vengan con el escrito de que se requiere un determinado medicamento y que no se puede cambiar la marca comercial”, dijo el presidente del directorio del Iosper.
E incluso, dijo que hay prestaciones que tampoco pueden hacer frente como la atención a los afiliados de la tercera edad, reclamado mediante recursos de amparo. “No puedo estar pagando un geriátrico entre $ 50.000 y $ 90.000. La familia tendrá la responsabilidad de atender al abuelito, no la obra social. Si no se está desnaturalizando por completo los recursos de la obra social”, dijo.
