La Cancillería argentina había presentado el 24 de noviembre una nota de queja por algunos procedimientos que realiza la planta de celulosa UPM. También había manifiestado una “profunda preocupación” frente a datos aportados por científicos argentinos que señalaron que la planta estaría utilizando el método de la dilución en el tratamiento de sus efluentes. Por eso, se había solicitado que dejara de mezclar sus efluentes industriales con agua antes de ser volcados al río Uruguay y que adecuara su sistema para que los deshechos líquidos no superen los 30 grados de temperatura.
Las autoridades uruguayas ya solicitaron a la empresa que deje de utilizar ese sistema.
Silberman explicó, en declaraciones radiales en el país vecino, que la modificación que debe hacer la planta tiene que ver con el “enfriamiento de efluentes” y subrayó que el cambio de procedimiento ya fue acordado con la compañía de capitales de Finlandia, que se instaló a sólo 4 kilómetros de la ciudad de Fray Bentos.
El conflicto por la instalación de la planta de celulosa derivó en un dilatado conflicto diplomático entre Uruguay y la Argentina, especialmente por el corte que la Asamblea Ambiental de los vecinos de Gualeguaychú mantuvo durante tres años en la frontera, sobre el puente internacional General San Martín.
Con el fin de la protesta y el acuerdo político con Uruguay, la CARU adquirió una nueva relevancia en los mecanismos de monitoreo ambiental conjunto.
