El dirigente fustigó la desatención oficial hacia la Policía, ya que, según dijo, los agentes no sólo deben procurarse por sus propios medios las vestimentas, sino también en ocasiones las balas, y no siempre por la vía del circuito legal.
La Policía quedó incluida en el último incremento que otorgó el Gobierno, de entre el 6 y el 8 %, para el segundo semestre del año para toda la Administración Pública, que elevó el mínimo de bolsillo de 920 a 1.000 pesos. En el escalafón de seguridad, se otorgó un incremento remunerativo y no bonificable de 100 pesos para los grados de agente a sargento 1º; de 120 pesos, de sargento ayudante a oficial principal; y de 140 pesos, de subcomisario a comisario general.
Romero exhibe otros números. Dice que la última mejora determinó una suba del sueldo básico del 15 %, y llevó ese monto en el grado de agente de 268,54 a 308,82 pesos; y para un cabo, de 293,37 a 337,38 pesos. Pero en el caso de un retirado, las distancias son sustanciales: un agente retirado percibe un básico de 253,23 pesos, un 21 % menos que otro en actividad; y un cabo retirado, 276,65 pesos. Esas distancias salariales, a juicio del dirigente policial, constituyen un “problema gravísimo”.
Y para corregir esas distorsiones desde el Círculo de Retirados están impulsando una reforma amplia de la Ley Orgánica de la Policía. “Lo que realmente quiere el policía es una nueva Ley Orgánica, donde el policía comience a ganar de acuerdo a lo que gana un juez de Primera Instancia. Pero no como una ley de enganche. De ese modo, se va a privilegiar la carrera, y no las designaciones a dedo”, observó.
En ese marco, puso de manifiesto el hecho de que “hoy tenemos 64 comisarios generales, siendo que con 12 es suficiente; tenemos 200 comisarios inspectores, si con 32 es suficiente. Esto es así porque hoy todo el mundo busca la diferencia económica, y para eso quiere ascender. Así, se rompió el espíritu de cuerpo. El hombre busca su mejora, mediante el ascenso. Y para ascender habla con un diputado, con un amigo, con un político, para que nos den una jerarquía, porque eso nos salva económicamente”.
Romero ironizó, y planteó que “todos los días crean (en la fuerza policial) una dependencia nueva para acomodar tanta jerarquía. Hoy andan en la calle hasta los comisarios generales”.
Por izquierda
El titular del Círculo de Retirados ventiló sus fuertes críticas hacia la situación de la policía en Entre Ríos, y no sólo cuestionó el hecho de que “se está pagando mucho en negro”, sino que además reclamó por la falta de apoyo logístico en las comisarías. “El Estado compra algunas cosas: autos, algunos uniformes, balas. Pero no todos los meses, y no todo lo que se necesita. El hombre necesita instrucción de tiro. No se lo puede largar a la calle sin instrucción”, fustigó.
“En el caso de los uniformes, dan uno al año. Cada tres años el Estado hace una compra, y por eso después uno se lo tiene que comprar. De las armas, si uno tiene que tirar un tiro, hay que conseguir las balas en algún lugar. Y las consigue de otro lugar, eso es cierto. Que no me diga, el policía, que la compran, porque no se la venden. O la compran por abajo”, dijo, en lenguaje casi críptico, aludiendo al mercado ilegal.
Y alertó por la situación de los policías que se incapacitan en actividad. “En ese caso, reciben migajas del Estado. Se le paga un 3 % por año trabajado, no se nos da el 100 %, ni tampoco el 82 %. ”, añadió.
Equiparación con la Federal
El decreto 805, firmado por el actual gobernador Jorge Busti durante su primera administración en el Estado provincial, estableció una equiparación salarial entre la Policía de Entre Ríos y el Servicio Penitenciario con la Policía Federal.
El artículo 1º de la norma fijó la equiparación de la remuneración “efectiva de bolsillo del personal de la Policía y del Servicio Penitenciario de la provincia con la del personal de la Policía Federal Argentina con el adicional por antigüedad”.
Ese año, en medio de la hiperinflación el Gobierno provincial dispuso una “cláusula gatillo” mediante la cual todos los haberes de la Administración se actualizaban según el índice inflacionario. Pero el decreto 805 estableció además que cuando la aplicación de esa cláusula no sea suficiente para alcanzar aquella equiparación, se pagará un “plus salarial”.
