El 16 de septiembre de 2004 el centro de estudiantes de la Escuela Nº 103 “Raúl Humberto Záccaro” organizó un recuerdo por la denominada Noche de los Lápices, en la que fueron secuestrados siete estudiantes secundarios que reclamaban por el boleto secundario en la ciudad de La Plata en 1976. Por este motivo, los alumnos realizaron afiches alusivos que colgaron en la escuela y leyeron la nómina de desaparecidos diciéndoles “Presente” luego de cada nombre. Juan Carlos Ferro, militar y defensor del accionar del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, había sido convocado por el equipo de trabajadores sociales y profesionales que trabajan en la escuela en lo que se llama Diagnóstico de la Situación Familiar de los Alumnos, en calidad de padre de un alumno del establecimiento.
Rememorando la jornada, Piérola narró las agresiones que sufrió de su parte en aquella oportunidad “Primero me dijo que la escuela ‘era un desastre’, y luego lanzó un montón de palabras terroríficas que tienen que ver con vocablos propios de otras épocas como que yo tendría que estar enterrada bajo tierra, cosas que escucharon algunos padres y otros docentes. Le pedimos que se retirara y afuera la agredió y amenazó a mi hija”, relató.
Esto motivó que la rectora efectuara una denuncia policial en la Comisaría 14, y planteara una medida cautelar ante el juez de Instrucción Número 4 de Paraná, Héctor Vilarrodona. Pero a su vez, Ferro se presentó ante el Consejo General de Educación exigiendo que se tomen medidas contra la directora. En su exposición aseguró “que se incitaba a los chicos a una especie de piquete, que se escuchaban temas de Los Pibes Chorros y que se los inducía al sexo y al consumo de alcohol”.
Aunque el CGE encargó el descargo a la rectora como a la supervisora, en agosto pasado se instruyó un sumario contra María Luz Piérola con la sola firma del presidente del CGE, Felipe Ascúa, en la que se toma como base el relato efectuado por Ferro respecto de cómo sucedieron los hechos, dando por ciertos sus dichos, en los que, entre otras cosas, consignaba que había sido amenazado y que se le había impedido su salida del establecimiento. Aunque el hecho de por sí es grave, “administrativamente es una burrada”, consignó una fuente consultada por Análisis Digital. Es que Ascúa omitió considerar el descargo de la docente y no dio curso a los vocales ni al asesor legal del CGE, como hubiera correspondido.
