En los fundamentos de la iniciativa el legislador radical sostuvo que el artículo 41° de la Constitución Nacional reformada en 1994 "reconoce el derecho de todos los habitantes al “ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”, a la vez que establece que “tienen el deber de preservarlo”.
Entre otras disposiciones, se estipula también en ese artículo que “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”.
Se creó de esta manera un sistema que articula las competencias federales y provinciales en materia de protección ambiental, que requiere la sanción y aplicación de normas nacionales de presupuestos mínimos, articuladas con leyes e instrumentos de gestión a nivel provincial y local. Artusi expresó que "los humedales constituyen un elemento clave en la determinación de las condiciones de los ecosistemas y de su aptitud para favorecer la salud ambiental y el desarrollo humano sostenible. Es por ello que resulta imprescindible que se sancione una ley nacional de presupuestos mínimos de conservación, protección y uso racional y sostenible de los humedales.
Finalmente, el legislador uruguayense consideró que "es menester contar sin dilaciones con una legislación sobre los humedales, cuyo rol ecosistémico es insustituible".
