La iniciativa del legislador uruguayense plantea una norma basada, entre otros, en los siguientes principios:
– la persona humana como eje fundamental
– el derecho de la ciudadanía a la movilidad y a la accesibilidad en condiciones adecuadas y seguras
– la promoción de los medios de transporte de mayor eficiencia y menor coste social y ambiental
– la priorización de los desplazamientos no motorizados por sobre los motorizados, a través del logro de ciudades compactas, con densidades adecuadas y mixtura de usos de manera equilibrada y eficiente; y de la dotación de los equipamientos comunitarios y la infraestructura vial que los jerarquice;
– la priorización de modos de transporte colectivo por sobre los individuales en todos los casos en que signifique mayor eficiencia
– el fomento e incentivo del uso eficiente del transporte público;
– la consideración de la distribución adecuada de los costes y beneficios de la implantación y gestión del transporte; incluyendo la recuperación y reinversión de las plusvalías inmobiliarias generadas por la construcción de infraestructuras y la prestación de servicios de transporte, así como el eventual reconocimiento de minusvalías.
– El fomento del desarrollo urbano sostenible y el uso racional del territorio integrado a las políticas de movilidad.
El proyecto del diputado Artusi postula como objetivo primario integrar las políticas de desarrollo y las políticas de movilidad de modo que se minimicen los desplazamientos extensos y motorizados y se garantice plenamente la accesibilidad a los centros de trabajo, residencias y puntos de interés cultural, social, sanitario, educativo, recreativo, con el mínimo impacto ambiental posible y de la forma más segura, económica y eficiente posible.
La norma propuesta establecería que “el conjunto de actividades propias del servicio público de transporte colectivo urbano e interurbano tiene la consideración de servicio de interés general de carácter universal, como medio para posibilitar la igualdad de oportunidades en el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y lograr los objetivos de cohesión social y territorial, con la correlativa obligación de las administraciones públicas competentes en esta materia de garantizar el acceso de todas las personas a este servicio, en todo el territorio y en condiciones de igualdad y equidad”.
La iniciativa del legislador radical propone diversos instrumentos de gestión, entre ellos el plan estratégico provincial de movilidad sostenible, los planes específicos y los planes locales, y el Observatorio Provincial de la Movilidad
A su vez, se propone la creación del Consejo Provincial de la Movilidad, en el ámbito de la Autoridad de Aplicación, como órgano consultivo, asesor y de concertación y participación de las administraciones, organismos, municipios, comunas, entidades y sectores sociales vinculados a la movilidad.
En los fundamentos del proyecto Artusi consideró: “Hemos procurado introducir los criterios de articulación intersectorial que consideramos imprescindibles, ya que la movilidad no puede pensarse ni planificarse de manera aislada, sino integrada de manera coherente y sinérgica en el marco del conjunto de las políticas públicas que apuntan al logro del desarrollo sostenible. Hemos buscado por otra parte, sin dejar de respetar las autonomías locales, generar el esbozo de una norma que puede integrar y articular las acciones que se llevan adelante en tal sentido por parte de la administración provincial y de los niveles municipales y comunales, propendiendo a la cooperación interjurisdiccional”.
