Muchas personas carenciadas se ven afectadas porque se ven obligados a trabajar de manera informal y sin las mínimas condiciones de seguridad e higiene en la recuperación de residuos para asegurarse un mínimo sustento. O bien porque se ven forzados a vivir en áreas degradadas y segregadas afectadas por la cercanía a basurales a cielo abierto, basurales clandestinos, sitios de disposición final inadecuados, etc. “Con todo lo que ello significa en términos de contaminación del aire, del agua, del suelo, proliferación de vectores de diversas patologías, olores; en síntesis, un deterioro permanente de las condiciones de salud ambiental y calidad de vida”, expresó.
El legislador radical anunció que iniciará una ronda de consultas de manera previa a la presentación formal de la iniciativa, de modo tal de contar con los aportes que se puedan recibir desde universidades, expertos, municipios y organizaciones de la sociedad civil; a quienes les hará llegar un texto preliminar a modo de borrador que sirva como base para el debate.
También señaló que se trata de legislar para tener una norma provincial, en el marco de la Ley nacional 25.916, de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los residuos domiciliarios, y teniendo en cuenta a su vez diversas disposiciones sobre política ambiental introducidas en la reforma de la Constitución provincial del año pasado.
El drama socio-ambiental de la incorrecta gestión de los residuos sólidos urbanos en muchas de las ciudades configura uno de los factores que atentan contra el acceso al derecho a una vivienda digna, y en términos más amplios, contra el acceso al derecho a la ciudad. “En la Argentina la quema no controlada de desechos domésticos es la principal fuente de emisión de dioxinas, con más del 51% del total. Si bien se trata de un problema complejo, multicausal, no podemos dejar de reconocer que la falta de una normativa clara y efectiva que regule, ordene y oriente la acción de los diversos actores sociales involucrados, es una de sus causas centrales”, indicó el legislador.
Artusi señaló que el proyecto puede resultar un aporte al comienzo de la solución. Sólo requiere de voluntad política a nivel del Estado provincial. “Aunque luego requerirá que esa voluntad política se traslade a los municipios y comunas, y sea acompañada de la inversión de recursos financieros y humanos, de conocimientos y tecnologías apropiadas, y también de participación ciudadana y contralor social”, explicó.
